Jorge Trian Triana
Los trabajadores del IMSS se movilizaron por todo el país para denunciar salarios precarios, corrupción sindical, falta de medicamentos e insumos básicos. Claudia Sheinbaum respondió negando la crisis y burlándose del número de personas que salieron a las calles. Parece más preocupada por desacreditar a quienes exhiben el desastre que por resolverlo. Para la Presidenta, el problema no es el colapso del sistema de salud, sino quienes se atreven a denunciarlo.
El desastre es herencia de López Obrador, quien prometió un sistema de salud como el de Dinamarca y terminó asegurando que incluso era mejor. Para conseguir semejante milagro retórico, primero desapareció el Seguro Popular, un esquema imperfecto, pero que brindaba atención y protección financiera a millones de personas. Lo sustituyó por el INSABI, que prometía gratuidad universal y fracasó apenas tres años después, por lo que sus funciones fueron trasladadas a otro experimento llamado IMSS-Bienestar. También vaciaron el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, cuyos recursos financiaban tratamientos de alto costo para las familias más pobres. El saldo desmiente cualquier discurso triunfalista. En 2018, 20 millones de mexicanos tenían carencia de acceso a servicios de salud; para 2024 eran 44,5 millones. Destruyeron un modelo antes de contar con otro que funcionara y más que duplicaron el número de personas desprotegidas.
La pandemia mostró hasta dónde podían llegar la indolencia y la necedad. López Obrador exhibía su ‘Detente’ mientras Hugo López-Gatell minimizaba los riesgos y cuestionaba las medidas preventivas. La cifra oficial de muertes por Covid superó las 330 mil, pero el exceso de mortalidad durante la emergencia fue de más de 800 mil fallecimientos. Sheinbaum tampoco quedó al margen. Durante su gobierno en la Ciudad de México se distribuyó ivermectina a pacientes con Covid sin evidencia suficiente de que fuera eficaz para tratar la enfermedad. A la tragedia sanitaria se añadió la costumbre de presentar decisiones políticas como si fueran certezas científicas.
El deterioro alcanzó incluso a la vacunación infantil. Mientras López Obrador anunciaba con orgullo la vacuna Patria, que nunca llegó a producirse ni distribuirse, se acumulaban rezagos en los esquemas de inmunización construidos durante décadas. Volvieron los brotes de sarampión y aumentaron los casos de tosferina. La prevención, una de las grandes conquistas de la medicina pública mexicana, perdió terreno entre promesas de autosuficiencia e incompetencia gubernamental.
El desabasto dejó una de las estampas más crueles del sexenio. Los padres de niños con cáncer exigían tratamientos y López-Gatell los acusaba de farsantes y golpistas. Después vino la ocurrencia de la Megafarmacia del Bienestar, inaugurada supuestamente para resolver el problema, pero que apenas logró gestionar un promedio de seis pedidos diarios. Al mismo tiempo, entre 2020 y 2024 caducaron más de 18 millones de piezas de medicamentos e insumos destinados al Hospital Infantil de México. Un gobierno que deja echar a perder medicinas mientras hay pacientes que las necesitan no puede hablar de eficiencia, mucho menos de humanismo.
En contraste con las recetas sin surtir, la corrupción nunca sufrió desabasto. Romedic, empresa de Amílcar Olán, compadre de Andy López Beltrán, recibió más de 490 millones de pesos en contratos adjudicados directamente por gobiernos estatales de Morena y el INSABI. A ello se suma la red de farmacéuticas fantasma del senador Carlos Lomelí y los ventiladores que el IMSS compró a sobreprecio al hijo de Manuel Bartlett, entre muchos otros casos de lucro miserable con la salud. Ya con Sheinbaum en la Presidencia, estalló el escándalo de BIRMEX, con sobrecostos cercanos a 13 mil millones de pesos y auditorías que arrojaron faltantes por casi 420 millones, precisamente en la empresa pública encargada de producir vacunas y coordinar compras de medicamentos.
Mientras los médicos mexicanos reclaman mejores salarios y oportunidades, López Obrador y Sheinbaum, en sus enjuagues con el gobierno de Cuba, han contratado a miles de médicos de la isla, sin que exista claridad sobre las funciones específicas, los destinos y los resultados de su trabajo en nuestro país. Pese a la opacidad de los convenios, se han reportado pagos superiores a 44 mil pesos mensuales por cada uno, cantidad que puede cuadruplicar lo que perciben en promedio los médicos mexicanos del sector público. Para nadie es un secreto que los profesionales cubanos no ven un quinto directamente; la dictadura retiene esos pagos.
En diciembre de 2024 se reportaron 17 muertes de menores, principalmente bebés prematuros, en hospitales del Estado de México, Michoacán y Guanajuato, en el contexto de un brote bacteriano. Este año han fallecido cinco recién nacidos en un hospital del IMSS en Durango y familias de Guadalajara denunciaron al menos 18 muertes de bebés que siguen bajo investigación. A estas tragedias se suman instalaciones en condiciones deplorables, plagas en hospitales y hasta la muerte de una niña prensada por un elevador del IMSS en Quintana Roo. Zoé Robledo ya está jugando tiempo extra al frente del instituto; su permanencia es insostenible, debe renunciar y responder por su gestión, sin perjuicio de las investigaciones que correspondan.
Finalmente, la factura llega a las familias. Entre 2018 y 2024, el gasto de bolsillo en salud aumentó más de 40%, porque millones de mexicanos terminan comprando en clínicas privadas lo que el Estado les prometió entregar gratuitamente. López Obrador destruyó instituciones, improvisó sustitutos, desperdició recursos y dejó un sistema sanitario profundamente deteriorado. Sheinbaum lleva dos años gobernando y todavía pretende vendernos la fantasía de que todo marcha bien, mientras médicos, enfermeras y pacientes describen una realidad completamente distinta.
Prometieron Dinamarca, entregaron desabasto, corrupción y negligencia. Y ahora, en lugar de asumir su responsabilidad, se burlan de quienes denuncian el desastre. La verdadera enfermedad de nuestro sistema de salud no está solamente en los hospitales, también está en Palacio Nacional, donde la soberbia y la torpeza se han convertido en política de Estado. Y esa enfermedad está costando vidas.