“La FGR cuenta con evidencias de prueba”
Es acusado de ordenar desaparición de cámaras de videovigilancia
En ellas se habría captado parte de interceptación de estudiantes
Policías municipales y estatales pararon autobús en el que viajaban
Donde haya crimen habrá consecuencias, asegura Ernestina Godoy
Chilpancingo, Gro., Agosto 06´2026. R. Agustín Esteban/IRZA.- Alrededor de las 17:00 horas del jueves el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
La detención del dos veces gobernador de Guerrero, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), se registró alrededor de las 10:00 horas de este mismo día, cuando viajaba sobre la autopista México-Querétaro, muy cerca de la caseta de peaje de Tepotzotlán.
La titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy Ramos, confirmó que el ex gobernador es acusado de ordenar la desaparición de los videos captados por dos cámaras de video vigilancia instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014, que habrían documentado el momento en que un grupo de estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron interceptados por policías municipales y estatales.
Godoy Ramos destacó que la acción penal ejercitada en contra del ex jefe del Ejecutivo estatal, al que se refiere como Ángel “N”, es consecuencia de un “reanálisis profundo, exhaustivo y detallado de las actuaciones existentes”, lo que acreditó la posible participación del ex mandatario estatal en la destrucción de evidencias que serían determinantes para conocer el paradero de los estudiantes desaparecidos desde hace casi 12 años.
Explicó: “la noche del 26 de septiembre de 2014, el autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas, fue videograbado por las cámaras de seguridad número 12 y 15 ubicadas al exterior de Palacio de Justicia en Iguala, en el momento en que era detenido por policías municipales y estatales”.
Continúa: “las primeras investigaciones señalaron que dicho material no existía por presuntas fallas técnicas del sistema, pero diligencias posteriores acreditaron que dicha versión era falsa”.
Agregó: “en enero de 2026, una persona colaboradora aportó testimonio que confirmó la existencia de las videograbaciones, señaló a la persona que las sustrajo para entregarla directamente a Ángel N, además de referir amenazas que explicaba su silencio previo”.
Para mayo de 2026, hace tres meses, un segundo testigo protegido robusteció dicho testimonio, al señalar que Ángel “N” ordenó en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones de Palacio de Justicia de Iguala.
La funcionaria indicó: “la FGR cuenta con evidencias de prueba de que dicha indicación de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador, con la participación de servidores públicos de alto nivel; estos y otros elementos contenidos en la investigación, permiten obtener que lejos de ser un acto aislado o falla técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal”.
En consecuencia, destacó que el Ministerio Público a través de la Unidad de Litigación del caso, solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión por delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas, la cual se cumplimentó en el Estado de México, con respeto a los derechos humanos del ex gobernador.
El mensaje de la fiscal cerró con una frase: “donde haya impunidad habrá investigación, donde haya crimen habrá consecuencias”.
El caso Ayotzinapa ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes normalistas desaparecieron en Iguala, en uno de los episodios de violencia e impunidad que más ha conmocionado a México. En esos ataques también fueron asesinadas seis personas, entre ellas tres normalistas, además del futbolista David Josué García Evangelista, del Club Avispones de Chilpancingo; el chofer del autobús del equipo, Miguel Ángel Lugo Vázquez; y Blanca Otilia Garzón, pasajera de un taxi alcanzado por los disparos.
El 23 de octubre de 2014, Ángel Aguirre Rivero hizo pública su solicitud de licencia al cargo de gobernador tras la crisis por la convulsión de organizaciones sociales por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de 3 estudiantes y otras 3 personas. A unos metros, fuera de cuadro de la mesa donde el exmandatario hacía el anuncio, se ubicaron sus colaboradores más cercanos en ese entonces, su exsecretario particular hasta el 2013, Everardo García Mondragón, quien seguía formando parte de su grupo político; el exsecretario de Finanzas, Jorge Salgado Leyva; el exsenador del PRD, Sofío Ramírez Hernández, entre otros.