Dependencia del gobierno estatal en semanas recientes conflictuada al interior –el más reciente ejemplo se dio a mediados de febrero, con un paro laboral y bloqueo a los accesos al edificio Vicente Guerrero, en protesta por actos del ahora ex procurador Othón Ramírez, señalado entonces hasta por acoso laboral y sexual-, aún con nuevo titular, la Procuraduría de Protección Ambiental del Estado de Guerrero –PROPAEG- no deja de ser un lugar nocivo para las y los trabajadores, donde los abusos e igualmente los casos de acoso parecen estar lejos de terminar, y eso que –se reitera- hay antecedentes denunciados por el personal, que sigue siendo latente que vuelva a manifestarse públicamente.
Se logró quitar al anterior titular pero a la llegada del procurador actual, Iván Lira Mesino, las irregularidades laborales se mantienen como antes, con un delegado administrativo, de nombre Gibrán Jalil Peralta Mercado, influyendo en el incumplimiento del pago de prestaciones como aguinaldos, acusado además de presionar para que se modifiquen cláusulas de contratos, así como de amenazar con “problemas” ante algún viso de reclamo o inconformidad; una serie de abusos que afectan al personal, sean hombres y mujeres, aunque en el caso de éstas todavía tienen que soportar –calladamente pero quién sabe por cuánto tiempo- actos de acoso y entornos tensos, como si no se hubiera ido Othón Ramírez y ante un titular, Iván Lira, ignorando –a saber si de manera premeditada o no- el actuar del delegado Gibrán Jalil Peralta.
Antes de que, de nueva cuenta, surja otro movimiento de protesta e inconformidad laboral en la PROPAEG urge la eficiente intervención áreas del gobierno estatal, como la Secretaría de Finanzas y Administración, que encabeza Raymundo Segura Estrada, para que se atiendan y resuelvan las denuncias de adeudos que ya conocen, pero que todo parece indicar que bloquean, los actuales servidores públicos arriba mencionados, hasta ahora causantes de que se mantenga latente otra protesta como la de febrero en la sede de la dependencia en Chilpancingo.
Por supuesto, no se tiene que llegar al paro laboral y a la denuncia pública –que haga quedar mal a toda la administración estatal- para que incluso la propia gobernadora Evelyn Salgado Pineda tenga a bien instruir una auditoría con investigación sobre la situación laboral, administrativa y presupuestal en la Procuraduría de Protección Ambiental, de la que muy poco o casi nada se sabe, hablando de acciones de beneficio social, pero que ha ‘destacado’ más por la serie de denuncias y acciones de inconformidad de sus trabajadoras y trabajadores, sabedores del alto sentido humanista y de servicio público de la mandataria, una aliada de las mujeres –estén o no en servicio público- que no está siendo respaldada por Iván Lira y Gibrán Jalil Peralta, que mucho tienen que aclarar al personal inconforme de la PROPAEG y, por supuesto, mucho tienen que informar oficialmente a sus superiores –como la propia gobernadora-, porque su impune e intrascendente actuar, que configura presuntos actos de irregularidades administrativas y financieras, puede ocasionar otro ‘levantamiento’ laboral, lo que se puede evitar si se hace institucionalmente eso que no está haciendo el referido par: escuchar a la base trabajadora; tratarla profesional y dignamente; cumplirle con sus beneficios laborales de ley; hasta honrar el encargo, para que no se vayan entre acusaciones y eventuales procedimientos administrativos.