El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana –SSPC- del Gobierno de México, Omar García Harfuch, ha dado un paso trascendental al confirmar denominación –durante la conferencia mañanera de este martes, ante la presidenta Claudia Sheinbaum- de quienes son responsables de la actual ola violenta en comunidades nahuas entre las zonas Centro y Montaña Baja, sobre todo en los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera: los grupos delincuenciales de Los Tlacos y Los Ardillos.
La identificación, sin ambigüedades y de cara a la nación, de los grupos delincuenciales que han estado asolando a esa parte del estado prácticamente en impunidad, es fundamental para que se inicie eso que faltó en el sexenio presidencial pasado: la persecución y aprehensión de generadores de violencia; ahora que, está visto, hay un cambio federal de paradigma en el –ahora sí, parece ser- combate a la generación de inseguridad y percepción social de violencia, aprovechando el impresionante despliegue de corporaciones estatales, federales y militares desde este martes, lo que debe seguir, además de la atención directa las víctimas de desplazamiento, amenazas y ataques en la zona, es el desmantelamiento urgente de esos grupos mencionados por el secretario García Harfuch, acción necesaria para lograr la pacificación anhelada pero ya en los hechos, no por decreto ni por mera buena voluntad discursiva.
Mientras tanto, a la par, el gobierno estatal de Evelyn Salgado Pineda continúa haciendo su parte institucional entablando cercanía, atención sin intermediación y compromisos concretos con las y los pobladores, prioridad de protección de su integridad que, a estas alturas, ya deben estar ciertos de que cuentan con la ayuda y acompañamiento de las instancias militares y de los gobiernos del estado y federal, como quedó demostrado con el recorrido interinstitucional que, además de contar con la presencia de la titular de Gobernación federal, Rosa Icela Rodríguez, y del subsecretario estatal Francisco Rodríguez Cisneros, también estuvieron mandos y tropa tanto militares como de la Guardia Nacional, destacando ese primer segmento de contención y presencia que es la Policía Estatal, también fundamental en las acciones para la pacificación que, se espera, ahora sí se establezca en los pueblos nahuas, cuyos habitantes volvieron a tener acercamiento y franco diálogo con sus autoridades.
Además de insistir en la urgencia de detener y desmantelar a los grupos criminales nombrados por el secretario García Harfuch –esos dos y cualquier otro reducto delincuencial que persista en la zona-, queda de manifiesto, de nuevo, que las y los guerrerenses tienen autoridades preocupadas y ocupadas, trabajando por la seguridad y la recomposición del tejido social no sólo en La Montaña Baja y zona Centro, sino en el resto de la entidad.
Se han alcanzado acuerdos importantes entre los nahuahablantes victimizados y las autoridades que se hicieron presentes en Alcozacán; se espera que la atención no haya sido sólo mediática o coyuntural, porque el tema escaló hasta a nivel internacional. Han sido más de diez años de disputas criminales donde quienes la han sufrido y pagado son madres, niñas, niños, adolescentes, personas de la tercera edad, muchas y muchos adultos que ya merecen entornos con lo mínimo en seguridad, exactamente como el resto de guerrerenses y mexicanos.