Va a seguir en el penal federal del Altiplano
Tres días después de los ataques habría ordenado destruir grabaciones
Ahí se documentaría levantón a grupo de normalistas en Iguala, en 2014
Reforzaron versión dichos de Lambertina Galeana y ex visitadora del TSJ
Abogados buscarán prisión domiciliaria al ex gobernador, ya de 70 años
Ciudad de México, Agosto 12´2026. (IRZA).- Un juez federal vinculó a proceso la madrugada de este miércoles al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por el delito de desaparición forzada de personas por el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, con la hipótesis del ocultamiento y la destrucción de evidencias.
Luego de una audiencia que se prolongó durante casi 14 horas, el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez determinó que existen datos de prueba suficientes para presumir la posible participación del exmandatario en el ocultamiento y destrucción de evidencias relacionadas con los hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
El juzgador impuso a Aguirre Rivero la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que deberá permanecer internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, mientras enfrenta el proceso penal.
Asimismo, concedió un plazo de 120 días para la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa podrán aportar nuevos elementos.
Lo acusan de ordenar destruir videos
La FGR imputó al exgobernador haber ordenado la destrucción de videos de cámaras de seguridad que, de acuerdo con la investigación, podrían haber registrado parte de los hechos ocurridos en Iguala y aportar información sobre el destino de los estudiantes desaparecidos.
Durante la audiencia, el Ministerio Público sostuvo que la instrucción para ocultar y destruir la evidencia habría sido girada de manera directa, deliberada y dolosa por Aguirre Rivero, con la participación de funcionarios estatales de primer nivel.
Entre los elementos presentados por la Fiscalía se encuentran los testimonios de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, entonces visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Lambertina Galeana Marín, quien en 2014 se desempeñaba como presidenta del Poder Judicial del estado.
De acuerdo con la acusación, Estrada Ortega habría tenido acceso a un sobre que contenía un disco con imágenes captadas por cámaras instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala.
Las grabaciones presuntamente mostraban que uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas, fue interceptado por policías municipales y estatales.
La FGR considera que ese material constituía una evidencia relevante para establecer qué ocurrió con los estudiantes.
Según la acusación ministerial, el material habría sido llevado a la oficina de la gubernatura el 29 de septiembre de 2014, tres días después de los hechos, y entregado a Aguirre Rivero, quien presuntamente habría ordenado que fuera destruido.
Defensa presentó 31 datos de prueba
La defensa del exgobernador presentó 31 datos de prueba con los que intentó demostrar que Aguirre Rivero no se encontraba en Guerrero el día en que presuntamente recibió el disco con las grabaciones.
Los abogados argumentaron que el entonces mandatario estatal se encontraba en la Ciudad de México, donde habría sostenido una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Con ello, buscaban acreditar que Aguirre Rivero no pudo haber recibido personalmente el material ni ordenar su destrucción.
Sin embargo, el juez consideró que los elementos aportados por la defensa no eran suficientes, en esta etapa procesal, para desacreditar la hipótesis planteada por la Fiscalía.
El juzgador señaló que existen datos que permiten establecer, de manera preliminar, la posible comisión del delito y la participación del exmandatario, aunque aclaró que durante las siguientes etapas del proceso la defensa tendrá oportunidad de presentar mayores elementos para intentar desvirtuar la acusación.
Videos, una pieza clave en la investigación
La acusación contra Aguirre Rivero se suma a las investigaciones que durante los últimos años han señalado la desaparición de evidencias relacionadas con las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala.
Las grabaciones son consideradas relevantes porque, según las investigaciones, podrían haber registrado el momento en que un grupo de normalistas fue interceptado y obligado a descender de un autobús, antes de ser trasladado en otro vehículo.
La desaparición de ese material también ha derivado en procesos contra exfuncionarios de Guerrero. Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal de Justicia estatal, enfrenta un proceso relacionado con la desaparición de los videos.
En tanto, Blanca María del Rocío Estrada, quien fungía como visitadora del Tribunal Superior de Justicia, también fue vinculada a proceso en 2026 por su presunta relación con la desaparición de las grabaciones.
Aguirre Rivero permanecerá recluido en el penal federal del Altiplano mientras continúa el proceso penal en su contra. Su defensa adelantó que buscará modificar la medida cautelar para que pueda enfrentar el procedimiento en prisión domiciliaria, argumentando su estado de salud y su edad de 70 años.