Urgen ciudadanos investigación de autoridades electorales
Recorridos, para “mantener el contacto con la ciudadanía”, ha dicho
Chilpancingo, Gro., Junio 19´2026. Ignacio Martínez.- Los recorridos que ha realizado en distintas comunidades de la Costa Chica el ex delegado federal de Programas para el Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz, continúan generando opiniones encontradas entre la ciudadanía, particularmente entre quienes consideran que estas actividades tienen un trasfondo político rumbo al próximo proceso interno de Morena para la gubernatura del estado.
Durante los últimos días, Hernández Díaz ha visitado diversos municipios de la región, donde ha sostenido encuentros con habitantes, mujeres, adultos mayores y personas que en su momento fueron beneficiarias de programas sociales impulsados por el Gobierno de México.
Algunos ciudadanos han expresado cuestionamientos sobre estas visitas, al considerar que se realizan en momentos previos a la definición de futuras candidaturas políticas. Señalan que la presencia constante del ex funcionario en diferentes regiones del estado ha sido interpretada por algunos sectores como una estrategia para fortalecer su imagen pública.
Los inconformes también han manifestado que existen múltiples necesidades pendientes en las comunidades de Guerrero, entre ellas problemas relacionados con servicios públicos, infraestructura, salud y seguridad, por lo que consideran que la atención debería centrarse en resolver estas demandas.
Por su parte, Hernández Díaz ha sostenido en diferentes eventos que sus recorridos tienen como finalidad mantener el contacto con la ciudadanía, escuchar sus necesidades y fortalecer la organización social en las distintas regiones de la entidad.
Mientras tanto, las visitas continúan generando debate entre simpatizantes y críticos, en un contexto donde diversos actores políticos comienzan a ser mencionados como posibles participantes en los procesos internos que definirán futuras candidaturas en Guerrero.
Ciudadanos consultados señalaron que corresponde a las autoridades electorales vigilar el cumplimiento de la normativa vigente y determinar, en su momento, si alguna actividad pudiera estar relacionada con actos de promoción política fuera de los tiempos establecidos por la ley.