Vicente Bello
Reformas para robustecer el combate a la corrupción
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer en San Lázaro reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de efectividad, cooperación interinstitucional, legalidad e innovación tecnológica de fiscalización superior.
El primero de la tarde en posicionarse fue Movimiento Ciudadano, que en voz de la diputada Irais Virginia Reyes de la Torre, dijo: “Compañeras y compañeros, abrimos el periódico, vemos una investigación, una denuncia, un caso evidente de corrupción y la reacción ciudadana siempre es la misma: ¿y por qué no pasó nada?
“Muchas veces, la respuesta no es que no hay irregularidades: es que el sistema legal es frágil para permitir que haya consecuencias. Puede ser que, para cuando este caso sale a la luz, la Auditoría Superior de la Federación ya terminó la revisión de la Cuenta Pública, ya concluyeron sus auditorías programadas y, entonces, la vía administrativa que es clave se congela.
“Sí, puede existir una vía penal, pero no es lo mismo. Ahí es donde esta reforma hace una diferencia real. El corazón de esta iniciativa está en el artículo 66 Bis. Este artículo fortalece las facultades de la Auditoría ya señaladas en la Constitución para poder investigar faltas administrativas graves en cualquier momento, ya sea de oficio o derivado de denuncia, sin depender de los tiempos de la fiscalización tradicional. Significa aquí un caso que se descubre después, un caso que surge por una investigación periodística, un caso que denuncia un ciudadano ya no tiene excusas para no investigarse y castigarse con todo el rigor de la ley a la persona o las personas responsables.
“Se puede investigar, se puede documentar y se puede sancionar y esto no viene solo, con esta reforma se fortalece con el artículo 40, que permite que la auditoría promueva directamente ante el tribunal las sanciones por faltas graves derivadas no solo de auditorías programadas, sino también de investigaciones de oficios o denuncias, es decir, no solo se abre la puerta para investigar, se cierra el círculo para sancionar.
“Este proyecto empodera a los ciudadanos, porque no se queda en una facultad interna de la auditoría, sino que se abre en canales de denuncia, los digitaliza y los vuelve más accesibles, con ello mandamos un mensaje muy claro: los recursos públicos no son del gobierno ni son de los funcionarios, los recursos públicos son de la gente y la gente tiene derecho a vigilarlos, a cuestionarlos y ahora, con más herramientas, a activar procesos para que haya consecuencias.
“También hay elementos que vale la pena reconocer, el registro de información del artículo 12 Bis, que permitirá concentrar y dar trazabilidad al uso de los recursos federales. La digitalización de procesos, que no es tema menor, en un sistema que muchas veces se vuelve lento y opaco, esto para las notificaciones. La celeridad procesal con plazos más cortos, que ayudan a que la fiscalización no se diluya en el tiempo. Y el fortalecimiento al régimen sancionador, al permitir sancionar no solo el incumplimiento total, sino la entrega parcial u omisión de información, evitando trampas o evasiones.
“En este proceso se atendieron los planteamientos del auditor Superior de la Federación, se incorporaron las observaciones y correcciones de todos los grupos parlamentarios, hubo espacio para proponer, para dar explicaciones, para construir acuerdos en pluralidad, hubo voluntad.
“Este ejercicio de apertura sin duda alguna fortalece al Congreso, fortalece a la democracia y fortalece a la fiscalización.
“Cuando hay apertura, hay acuerdos reconociendo la pluralidad de ideas y visiones del país. Y cuando hay acuerdos en pluralidad, hay mejores leyes. Y cuando hay mejores leyes, quien gana es México y su gente. Si seguimos con ese ánimo de colaboración y construcción de acuerdos, seguramente podremos resolver muchos otros retos en materia de fiscalización y combate a la corrupción.
“Desde Movimiento Ciudadano acompañamos esta propuesta porque fortalece la Auditoría Superior de la Federación, cierra espacios a la impunidad y le devuelve herramientas a la ciudadanía. Además, entiendan lo fundamental, la rendición de cuentas no puede depender del calendario, debe fundarse en el derecho de acceso a la información, a la verdad y a la justicia”.
Le siguió en tribuna el PRI, que en voz de Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, dijo: “Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del PRI sostenemos una convicción profunda e irrenunciable en que no puede erigirse un Estado fuerte donde la vigilancia del poder sea frágil. No puede florecer una democracia auténtica donde la rendición de cuentas se reduzca a un mero ejercicio retórico, en lugar de constituir una práctica cotidiana, rigurosa e inquebrantable.
“Hoy, comparecemos ante esta asamblea para discutir una reforma de honda trascendencia para el sistema de fiscalización mexicano. No se trata de un mero ajuste técnico marginal, ni de una modificación cosmética, lo que aquí se dirime es la capacidad misma del Estado mexicano para custodiar el patrimonio colectivo. Sancionar con eficacia la corrupción y restaurar la confianza ciudadana en las instituciones republicanas.
“Porque cuando el erario público se desvía, se dilapida o se administra sin control efectivo, no solo se esfuman cifras en un balance contable, se desvanecen hospitales, se desvanecen carreteras, escuelas, iluminación en los pueblos, medicinas que salvan vidas, oportunidades que dignifican y, en última instancia, el porvenir mismo de generaciones enteras. México demanda con urgencia histórica instituciones dotadas de la inteligencia, la autonomía y la potencia necesarias para prevenir, detectar y sancionar irregularidades con oportunidad”. Seguían.