Más allá de que se esclarezca si iban o no en presunto estado inconveniente –lo que se deja entrever en las redes sociales, casi siempre dadas a la especulación-, sí queda de manifiesto, de nuevo, que accidentes como de la madrugada del domingo en el boulevard Vicente Guerrero, con saldo de dos urvans del transporte público destruidas, un lesionado fracturado y un conductor que escapó del lugar de los hechos, llevan a la ciudadanía a pensar si en efecto está justificado eso de tolerar institucionalmente al sector transportista hasta cuando imponga un aumento en el costo de su servicio, como le ha hecho en Acapulco y la capital, si son los propios conductores quienes dan pie a causar hasta rechazo social, sobre todo después de acontecimientos como el de ayer.
Porque no ha sido el primer o reciente hecho donde se han visto involucrados choferes del transporte público en la capital: desde este mismo espacio –desde antes incluso del reciente golpe a la economía con la actual cuota de 10 pesos por persona- se han documentado otros acciones, con saldo de daños económicos y personas lesionadas, por causa de actitudes de riesgo al volante, principalmente por conducir a altas velocidades sobre todo en calles estrechas –como de los barrios de la ciudad-, por esa pésima práctica de ir ‘jugando a las carreras’ con otros conductores –posible motivo principal del doble accidente de la madrugada-, pero además –algo gravísimo- por posibles adiciones de conductores; no se habla de bebidas alcohólicas o energizantes, sino de enervantes duros y obviamente ilegales. No se olvide, como reciente ejemplo, la detención de un conductor de la ruta Guerrero 200 denunciado por incurrir en comportamientos inusuales al ir conduciendo, aparentemente por ir en estado inconveniente que implicó incluso el presunto consumo de drogas, que en efecto que se hallaron al conductor en revisión policial y posterior aseguramiento.
Ahora se da este doble accidente; percances de diferente gravedad en calles, avenidas y el boulevard que hacen que la población se cuestione –en base a estos hechos referidos aquí- si está justificado que el sector transportista siga haciendo lo que quiere, ya sea por el impune modo de conducir de muchos trabajadores, o por la imposición de cuotas encarecedoras en el pasaje –por cierto sin mayor repercusión, como hace días se dijo que habría-; podrá aducirse que también el sector está gastando más en sueldos, refacciones y combustibles y por ello impusieron el incremento –inédito en la historia del transporte público en la capital- de los dos pesos que ya aplican con toda normalidad –en medio del silencio de sectores antes críticos y movilizados, hasta solidarios socialmente-, pero se recalca: hay que poner en la balanza lo que paga la ciudadanía con el riesgo, siempre latente, de algún percance por parte de integrantes de un sector encarecido unilateralmente, con trabajadores hasta posiblemente adictos a sustancias –como el aprehendido hace días, que se aclara, no aplica a todos los conductores-, que siempre pongan en riesgo, y se pongan ellos mismos en riesgo, con prácticas que no pueden erradicar, como la disputa al pasaje, el “juego” de las carreritas, o hasta ‘brincarse’ cuadras en sus rutas establecidas. La ciudadanía sigue a merced de un influyente, impositivo e impune sector transportista que, cada que puede, recuerda que no acaba por justificar incrementos al pasaje, como el aplicado desde hace días en Chilpancingo y Acapulco, sobre todo.