Congreso ‘congela’ iniciativa; activistas pidieron aprobación
Diputados no aprueban que sea propuesta de urgente y obvia resolución
Se pedía informe de nomenclaturas a municipios y al Concejo de Ayutla
Chilpancingo, Gro., Agosto 26´2026. R. Agustín Esteban.- Por mayoría de votos, la Comisión Permanente del Congreso local desechó el exhorto dirigido a los 84 cabildos y el Concejo Municipal de Ayutla con el que se plantea borrar de escuelas, calles, avenidas y parques públicos los nombres de gobernantes que históricamente son considerados como represores.
La propuesta fue planteada por la integrante del grupo parlamentario de Morena, Marisol Bazán Fernández, quien sostiene que las personas que han quedado consignadas como represores en la memoria colectiva del estado y del país no merecen ser objeto de homenaje, por eso en el exhorto que este miércoles leyó la representante de MC en la Comisión Permanente se puso a consideración del pleno el acuerdo con el que se solicita a los Ayuntamientos y al Consejo Municipal un informe detallado sobre sus nomenclaturas públicas, detectando particularmente los casos que corresponden a personas físicas o personajes que han estado al frente de espacios de poder, pero que se les ha relacionado con abusos graves cometidos en contra de la población.
En el acuerdo se establecía un plazo de 30 días hábiles para que los municipios entregaran el informe relacionado con sus nomenclaturas.
El llamado previo de familiares y víctimas
Familiares y víctimas de hechos que representan actos de represión institucional se sumaron a la propuesta de borrar de calles, escuelas, parques y espacios públicos, los nombres de gobernantes que hayan cometidos abusos contra la población.
Lenin Fernández, Guillermina Cabañas y Norma Mesino Mesino acudieron este jueves al Congreso para manifestar su respaldo a la propuesta de la diputada referida.
Dijeron que se trata de retirar los nombres de políticos que son responsables de la desaparición de luchadores sociales, desde la década de los setentas hasta los tiempos actuales, “siempre se ha exigido la aparición con vida de todos los luchadores sociales. Ha habido marchas hasta la Ciudad de México, movilizaciones y una lucha constante; aquí nunca ha habido descanso para quienes seguimos buscando justicia”, expresaron.
Agregaron: «no podemos caminar por calles que llevan los nombres de quienes son responsables de la muerte o desaparición de nuestros familiares».
Los dirigentes sociales señalaron que varios de los responsables de hechos represivos ya fallecieron, pero mencionaron entre los personajes a expresidentes y exgobernadores, así como mandos militares y políticos relacionados con episodios de violencia de Estado.
Entre los hechos que han marcado la historia de Guerrero y del país citaron casos como la “guerra sucia” de los setentas, la masacre de Aguas Blancas, El Charco y otros episodios como la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
“Hubo pueblos completos que desaparecieron, hubo tortura, desplazamientos forzados y asesinatos. Las heridas siguen abiertas porque no hay castigo para quienes hicieron tanto daño”, manifestaron.
Una vez recibido dicho informe, el Poder Legislativo tendría que decidir una ruta a seguir para generar los cambios de denominación correspondientes.
El exhorto se planteó como de urgente y obvia resolución. Al momento en que el tema se puso a consideración de la Permanente, solamente cuatro legisladores votaron a favor; siete lo hicieron en contra y ninguno se abstuvo.
Al no aprobarse como asunto de urgente y obvia resolución el exhorto se turnó a la Comisión de Asuntos Políticos.