Lorenzo Córdova Vianello
Las de 2027 son un momento de definición importantísimo para el futuro político del país. Y no me refiero solo al hecho de la enorme renovación del poder político que tendrá lugar visto que, además de la Cámara de Diputados, se renovarán 17 gubernaturas, 31 congresos locales y las alcaldías de 30 entidades federativas. Dichos comicios son cruciales, además, por las siguientes razones:
El próximo año nos jugamos el tipo de elecciones que vamos a tener en el futuro, es decir si seguiremos teniendo elecciones con un mínimo de integridad democrática (que aún puedan seguir considerándose como libres y auténticas) o si el modelo que terminará por implantarse será el de las elecciones judiciales de 2025 que no se cumplen con las mínimas garantías de certeza, transparencia, confianza y mínimos democráticos.
En consecuencia, se definirá si en México la vía electoral sigue siendo válida para poder premiar o castigar con el voto las buenas o las malas gestiones públicas y si siguen representando un mecanismo para poder cambiar a los gobernantes de manera pacífica o si ya se trata de una ruta clausurada y los comicios vuelven a ser, como en el pasado autoritario, un mero ritual en el que los ganadores estaban definidos con antelación.
Serán un termómetro, el primero desde 2024, para verificar si el larguísimo rosario de escándalos de abusos, corrupción, malos manejos, políticas desatinadas y presuntos vínculos con el crimen organizado, que se han dado en cascada en el último año y medio le implican un costo político o no a Morena.
Será el momento para demostrar si el cambio de política en materia de seguridad que ha emprendido el gobierno de Claudia Sheinbaum (en gran medida por la presión ejercida por los Estados Unidos), involucra también blindar las elecciones frente a la injerencia del crimen organizado o si éste termina consolidándose (por el consentimiento gubernamental) en un factor de decisión de los resultados (lo que implicaría, de paso, la enésima muestra de la degradación que ha padecido nuestra democracia).
Será el espacio privilegiado para constatar que el rasgo distintivo de la sociedad mexicana es su pluralidad política y diversidad ideológica y que este no es, como lo pretende la narrativa del morenismo, un país que cabe bajo el manto de un solo partido y de una sola sigla y si esa pluralidad está debidamente reflejada en el Congreso o si, de nuevo, vuelve a concretarse una sobrerrepresentación inconstitucional.
Podremos constatar también si la tendencia que se ha mantenido inalterada desde 1997 de que en los comicios intermedios disminuyen las preferencias electorales del partido en el gobierno (y que incluso se mantuvo en 2021 bajo el gobierno de López Obrador), o si inauguramos una etapa que rompe esa constante.
Finalmente podrá constatarse si las autoridades electorales, y en particular el INE, siguen siendo confiables a pesar del evidente sesgo político que han mostrado en los últimos años, de su fallido papel como garantes de la equidad en la contienda y de las recientes e inéditas sospechas de corrupción que se han ventilado en los medios de comunicación.
Errata: En mi colaboración pasada señalé de manera errónea que, en la iniciativa de la nueva Ley de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, se incorporaba una nueva causal de nulidad de las elecciones por cobertura informativa indebida. En realidad, se trata de una trascripción de una causal que se introdujo en la ley desde 2014. Por eso, ofrezco una disculpa a mis lectores. Sin embargo, ello no le quita a esa causal lo insensato e inconveniente por la ambigüedad y discrecionalidad que conlleva. Todos los argumentos que expuse son válidos y, en todo caso, además de lo inoportuno y arbitrario de pretender aprobar esa propuesta de ley de manera unilateral en pleno proceso electoral, el mantener esa hipótesis de nulidad en vez de suprimirla implica convalidarla y hacerla propia.