Guadalupe Salmoran
La renuncia de Guadalupe Taddei a la Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ocurre en medio de una de las controversias más delicadas que ha enfrentado la autoridad electoral en materia de integridad institucional y posibles conflictos de interés. Su salida plantea al menos tres cuestiones que merecen atención: las responsabilidades derivadas de su gestión, la necesidad de esclarecer las irregularidades denunciadas y las implicaciones de su sustitución en pleno proceso electoral.
Había razones de peso para esperar su renuncia. No solo por la gravedad y magnitud de los señalamientos relacionados con nombramientos y contrataciones dentro del Instituto, sino también por lo insatisfactorio de sus respuestas públicas. En lugar de contribuir al esclarecimiento de los hechos, la consejera presidenta insistió en presentar los cuestionamientos a su gestión como intentos de desacreditar o debilitar al INE.
En esta historia hay un problema institucional de fondo: la concentración del poder dentro del propio Consejo General.
Primero, una resolución del Tribunal Electoral amplió las facultades de la Presidencia del INE para realizar nombramientos mediante encargadurías de despacho y, posteriormente, una reforma legal le otorgó la facultad de designar unilateralmente a las personas titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas. Ambos cambios concentraron en la Presidencia decisiones que antes correspondían al Consejo General, debilitando la colegialidad en el funcionamiento de la autoridad electoral.
Una vieja máxima de la cultura popular recuerda que “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. En este caso, la advertencia resulta especialmente pertinente: cuando se concentran las facultades de decisión, también se concentra la responsabilidad por las decisiones adoptadas.
Esto no significa que Guadalupe Taddei sea automáticamente responsable de las posibles irregularidades cometidas por las personas que designó, ni de las actuaciones de las empresas contratadas por el Instituto. Las eventuales responsabilidades individuales deberán determinarse mediante las investigaciones en curso. Pero sí existe una responsabilidad institucional que no puede eludirse.
Quien ejerce facultades individuales de nombramiento debe explicar cuáles fueron los criterios utilizados para seleccionar a las personas designadas, cómo se evaluaron sus perfiles, qué controles existieron y qué medidas se adoptaron para prevenir posibles conflictos de interés. Lo mismo ocurre con los cuestionamientos sobre proveedores: no basta con afirmar que existen procedimientos administrativos o que las contrataciones han sido auditadas. Es necesario ofrecer respuestas claras sobre los señalamientos concretos.
Por eso es indispensable distinguir entre la terminación de un encargo público y el esclarecimiento de las responsabilidades derivadas de su ejercicio. La salida de Guadalupe Taddei pone fin a su gestión, pero no a las investigaciones ni a la obligación institucional de explicar las decisiones adoptadas durante su Presidencia.
¿Y ahora qué sigue?
La salida de Taddei abre una nueva etapa de incertidumbre institucional. En lo inmediato, las consejerías restantes deben designar una Presidencia provisional. Pero corresponderá a la Cámara de Diputados nombrar a la persona que concluirá el periodo originalmente previsto hasta 2032.
La designación deberá realizarse mediante el procedimiento previsto en el artículo 41 constitucional: convocatoria pública, evaluación de aspirantes por un comité técnico y elección por mayoría calificada de dos terceras partes de las diputaciones presentes. Si no se alcanza esa mayoría, se recurrirá a la insaculación.
No se trata de un procedimiento políticamente irrelevante. La integración del Comité Técnico de Evaluación, la selección de los perfiles y la construcción de acuerdos parlamentarios son decisiones que pueden influir decisivamente en el resultado. Incluso la eventual designación mediante sorteo dependerá de quiénes hayan superado previamente los filtros de selección.
Y aquí aparece otra preocupación: la renuncia de Guadalupe Taddei no garantiza, por sí misma, una Presidencia más independiente, imparcial o comprometida con la colegialidad institucional.
Por el contrario, abre una nueva oportunidad para que las fuerzas políticas con mayor capacidad de decisión en la Cámara de Diputados incidan en la integración del órgano electoral. El riesgo no es únicamente sustituir a una persona por otra con menores credenciales de independencia, sino reproducir las mismas condiciones de concentración del poder que contribuyeron a la crisis actual.
Todo ello ocurre, además, cuando el INE ya se encuentra inmerso en la organización de las elecciones de 2027. La renovación de su Presidencia no puede convertirse en una nueva fuente de incertidumbre ni en una oportunidad para profundizar las divisiones dentro del Consejo General.
La salida de Taddei puede estar justificada y, al mismo tiempo, abrir un escenario institucional todavía más complicado. Ambas cosas pueden ser ciertas. La renuncia de una persona no resuelve, por sí sola, los problemas de una institución.
La salida de Taddei cierra una crisis de conducción, pero abre una nueva disputa por la Presidencia del INE. Y de cómo se resuelva dependerá, en buena medida, si esta renuncia contribuye a fortalecer a la autoridad electoral o termina por debilitarla aún más.