Entre 2014 y 2026, 168 víctimas de feminicidio: Tlachinollan
Documentan uniones forzadas y desapariciones del 2020 al 2025
Nacer en La Montaña es no estudiar ni tener tierra para sembrar
Aún existen retos para proteger derechos de las mujeres, admiten
Ciudad de México, Marzo 18´2026. Vicente Bello.- La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores presentó ayer en la sede senatorial a un grupo de representantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el cual ha presentado aquí un informes detallado con cifras sobre feminicidios, matrimonios forzados o desapariciones de las que han sido víctimas niñas y mujeres de diversos municipios de esa región del estado de Guerrero, en el lapso comprendido entre 2020 y 2025.
En conferencia, la presidenta de la comisión de marras, Reyna Celeste Ascencio Ortega, dijo que el informe se llama “Mujeres de la Montaña, Renacer entre los Filos del Olvido”, que según la legisladora, “expone la situación de violencia, pobreza y discriminación que padecen las indígenas que habitan en las zonas altas del estado de Guerrero”.
Aseguró también que “aún existen retos para proteger los derechos de las mujeres, muchas de las cuales no saben que viven en una situación de violencia física, vicaria o de otros tipos en sus entornos, ya que se ha normalizado al grado de que lo toman con naturalidad, lo que se observa principalmente en comunidades rurales”.
Incluso, sostuvo: “a pesar de que se han dado importantes pasos para visibilizar a las mujeres indígenas en los últimos dos sexenios, Ascencio Ortega resaltó que informes como el del Centro de Derechos Humanos de la Montaña ayudan a fortalecer las acciones que el Gobierno federal realiza a través de la Secretaría de las Mujeres para mejorar las condiciones de las mexicanas”.
Abel Barrera Hernández, director del centro Tlachinollan, precisó que dicho informe, “de ochenta páginas, es un acercamiento a una Montaña que duele y lastima, donde está lejos la luz de la justicia para las mujeres indígenas que ahí habitan, cuya sabiduría, lucha y resistencia está aplastada, violentada, discriminada e invisibilizada”.
Barrera Hernández siguió: “Desde que se nace en la Montaña, ser mujer es un destino de no tener tierra para sembrar, tampoco la posibilidad de estudiar. Este informe es un acercamiento al dolor profundo, toca el alma; no quisiéramos tocar estas historias porque deshumanizan, como la historia de una mujer matada a machetazos, pero la conciencia nos dice que tenemos que hacer algo”.
Dijo que Tlachinollan tiene como propósito llegar “a espacios donde se toman las decisiones, como el Senado de la República, para que ayuden con el marco legal de la región, o las dependencias de justicia, para que atiendan las situaciones que ocurren en la Montaña de Guerrero”.
Barrera dijo que en el informe entregado al Senado se revela que “en esa región se han registrado 168 víctimas de feminicidio entre 2014 y 2026; sin embargo, muchos casos no son clasificados oficialmente como feminicidios, sino como otros delitos, lo que reduce su visibilidad en las estadísticas oficiales”.
Agregó: “Los testimonios describen escenarios de alta brutalidad, con mujeres encontradas calcinadas dentro de vehículos o asesinadas con machetes, evidenciando un patrón de violencia grave y sistemático”.
Dijo que “en municipios como Tlapa de Comonfort se denuncia que únicamente existen tres asesoras jurídicas para atender a 21 municipios, lo que resulta insuficiente para garantizar atención a víctimas; esta carencia obliga a muchas mujeres a pagar asesoría legal privada, una opción inaccesible para la mayoría, provocando que numerosos casos de violencia no sean denunciados”.
Barrera agregó: “Además, persisten prácticas como el matrimonio forzado infantil y la imposición de roles de género tradicionales: muchas niñas son obligadas a seguir patrones culturales que limitan su desarrollo, y al llegar a la mayoría de edad son frecuentemente relegadas, migrando a campos agrícolas o siendo forzadas a formar familias”.
A decir de Barrera, “las mujeres indígenas enfrentan obstáculos adicionales derivados de su contexto social y cultural; la pobreza, la lejanía de sus comunidades, la falta de acceso a la educación y la ausencia de intérpretes dificultan que puedan iniciar y sostener procesos legales. Estas condiciones estructurales generan un entorno en el que la violencia se normaliza y permanece invisibilizada”.
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