«Pareciera que pretende proteger al Ejército Mexicano”
Militares sacaron de la clínica a normalistas para exponerlos: De la Cruz
Las madres y padres “no aguantarían volver a empezar otra investigación”
En el organismo, “talante polémico, agresivo y difamatorio”: ex procurador
Chilpancingo, Gro., Julio 13´2026. R. Agustín Esteban.- El colectivo Por la Verdad y Justicia de los 43 rechazó la Recomendación 208VG/2026 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa, al considerar que intenta desacreditar las investigaciones realizadas durante casi 12 años y construir una nueva narrativa que favorece al Ejército Mexicano.
En entrevista, el vocero del colectivo, Felipe de la Cruz Sandoval, calificó como «aberrante» el contenido del documento al señalar que, en lugar de fortalecer la investigación existente, pretende echar abajo el trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) y otras instancias que participaron en el esclarecimiento de los hechos, “para nosotros nos parece algo aberrante. Nos condena a otros años más de exigencia por verdad y justicia porque desestima totalmente el trabajo realizado en estos casi 12 años».
El representante de las familias sostuvo que la recomendación busca eximir de responsabilidad al Ejército, pese a que, afirmó, existen testimonios, investigaciones y elementos de prueba que acreditan la presencia y participación de militares durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
«Pareciera que esta recomendación pretende proteger al Ejército Mexicano. Hay muchos elementos de prueba que existen sobre la responsabilidad del Ejército», afirmó.
De la Cruz recordó que uno de los sobrevivientes, su propio hijo, declaró que fueron militares quienes sacaron a varios estudiantes de la clínica Cristina bajo amenazas, por lo que rechazó la conclusión de la CNDH de que los elementos castrenses no participaron en las agresiones.
Dijo que los militares sacaron a los estudiantes de la clínica para que estuvieran expuestos ante sus agresores y también cuestionó que “la presidenta de la CNDH” (sic, en referencia a Rosario Piedra) haya presentado la recomendación sin dialogar previamente con los padres de los 43 normalistas, “hubiera sido más importante que primero se reuniera con los padres de familia, les explicara lo que estaba investigando y después presentara su recomendación, no hacerlo de manera escondida y sorpresiva».
Felipe de la Cruz advirtió que la principal preocupación del colectivo es que el documento obligue a reiniciar las investigaciones cuando las familias llevan casi 12 años esperando conocer el paradero de los estudiantes, “los padres y las madres de familia ya están muy cansados, muchos están enfermos y varios han fallecido en el camino. No aguantarían volver a empezar otra investigación».
Ante ese escenario, informó que el colectivo exigirá que la CNDH retire la recomendación y dé continuidad al trabajo realizado anteriormente, “lo único que tenía que hacer era darle seguimiento a la recomendación que ya existía, no venir a darnos un empujón hacia atrás para volver a empezar».
“Presunciones y lecturas parciales”
El ex titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera, acusó a la CNDH de contaminar las investigaciones realizadas durante casi 12 años, con la intención de imponer una nueva narrativa en el caso Iguala, la cual aseguró, está “sustentada en presunciones y lecturas parciales”.
El abogado difundió un comunicado en su calidad de ex procurador de Justicia para manifestar su rechazo “de manera categórica y fundada” ante la recomendación, pues consideró que tiene vicios de origen, sesgo metodológico y falta de exhaustividad.
Recordó que la actual administración de la CNDH reformó su Reglamento Interno sin tener un Consejo Consultivo instalado, abrió un expediente viciado y con un proceso unilateral, sustituyó el seguimiento debido a la recomendación de 2018 por un “nuevo” pronunciamiento, lo que contamina el análisis y habilita conclusiones sostenidas en presunciones y lecturas parciales.
En el comunicado, sostiene que “el corazón” del documento emitido por la CDNH descansa en un criterio asimétrico, que otorga valor probatorio selectivo al testimonio del testigo colaborador conocido como “Juan”, que en realidad es Gildardo López Astudillo, uno de los integrantes más encumbrados del grupo criminal Guerreros Unidos (GU) y, en consecuencia, de los principales perpetradores de los hechos.
La CNDH le da toda la credibilidad al testimonio de “Juan” o “El Gil” cuando acusa a las autoridades locales, “pero se relativiza o ignora cuando alude a instancias federales, con especial referencia al Ejército Mexicano”.
Asegura que la comisión actúa con una “doble vara” que carece de rigor jurídico, pues sostiene que la Fiscalía de Guerrero siempre se apegó al debido proceso, lo que se confirma con que hasta el momento ninguna de sus consignaciones ha sido invalidada por tortura o violaciones a derechos humanos, “a diferencia de lo ocurrido con detenciones federales”.
Indica que la solidez del trabajo realizado por la Fiscalía de Guerrero fue corroborada por la anterior administración de la propia CNDH, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), “de ser cierto lo que hoy afirma el aludido organismo nacional, la PGR hubiese dejado constancia al recibir la puesta a disposición correspondiente y en las certificaciones médicas correspondientes se hubiese aludido a ello”.
Recordó que en el terreno forense, tras las detenciones locales se localizaron fosas clandestinas en Iguala, en ese tenor, recuerda que peritos estatales, federales y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) coadyuvaron en estudios de cronotanatodiagnóstico y genética, los que descartaron categóricamente que los restos encontrados fueran de los normalistas.
Sobre el supuesto intercambio de “80 indigentes” para hacerlos pasar por estudiantes de la normal rural, señala que se trata de un planteamiento insostenible, pues no existen denuncias que la soporten y la tecnología de ADN imposibilita suplantar identidades.
Que la CNDH va contra todos
Iñaky Blanco sostiene que hay en la recomendación de la actual administración de la CNDH “un talante polémico, agresivo y difamatorio”, ya que desacredita o desconoce los trabajos, informes y resultados del GIEI, de la administración anterior de la CNDH y de la Comisión para la Verdad y la Justicia encabezada por el ex subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.
De acuerdo con el ex fiscal, Derechos Humanos nacional descalifica la asistencia que, desde 2014, han brindado organismos no gubernamentales de derechos humanos a madres y padres de los normalistas, atribuyéndoles intereses ajenos al esclarecimiento, “como si la defensa de víctimas fuese incompatible con la búsqueda de la verdad”.
En su caso, destacó que en seis ocasiones se ha presentado a declarar sobre el tema, lo mismo ante autoridades ministeriales que ante comisiones legislativas, creadas específicamente para dar seguimiento al caso, “incluso se solicitó y canceló una orden de aprehensión en mi contra por falta de sustento, lo que evidencia escrutinio real y mi disposición permanente para el esclarecimiento de los hechos”.