Más esfuerzos y compromiso colectivo, les pide ONG
Las Mesas de Coordinación, “instrumento para construir rutas de atención”
“Debilitar estos espacios significa reducir las posibilidades de interlocución”
Nueve ediles no ven estrategia en pueblos de zonas Centro y Montaña Baja
Chilpancingo, Gro., Mayo 24´2026. Marcial Campuzano/IRZA.- Nueve presidentes municipales de las regiones Centro y Montaña Baja de Guerrero anunciaron su retiro definitivo de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, al denunciar que dicho mecanismo se convirtió en un espacio de simulación incapaz de contener la violencia, las amenazas y el desplazamiento forzado que golpea a sus municipios.
A través de un pronunciamiento público conjunto, los alcaldes expresaron su respaldo total a la presidenta municipal de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, frente a la crisis de inseguridad que enfrenta esa demarcación y que recientemente provocó el desplazamiento de más de 70 familias de las comunidades de Alcozacán y Tula por temor a nuevos hechos armados.
Los ediles aseguraron que durante meses participaron de manera institucional en las reuniones de coordinación con autoridades estatales y federales, donde expusieron puntualmente asesinatos, amenazas, ataques armados, desplazamientos y el deterioro de las condiciones de seguridad en sus municipios.
No obstante, acusaron que las autoridades únicamente respondieron con burocracia, reuniones improductivas y reportes sin consecuencias, mientras la violencia continúa avanzando en las regiones Centro y Montaña Baja sin estrategias eficaces ni resultados visibles para la población.
En el documento, los alcaldes sostuvieron que la ciudadanía ya no cree en discursos ni en mesas de trabajo sin capacidad operativa, pues lo que exige es seguridad real, presencia institucional y acciones contundentes para recuperar la gobernabilidad en las comunidades afectadas por el crimen y la violencia.
Los presidentes municipales también condenaron los hechos ocurridos el pasado 22 de mayo en Chilapa, donde denunciaron que autoridades estatales y federales impidieron el acceso de alcaldes que acudieron a respaldar el acto de toma de protesta de comisarios municipales invitados oficialmente por la alcaldesa Carballo Chino.
Calificaron el trato recibido como una agresión política e institucional contra autoridades constitucionalmente electas, al considerar inadmisible que quienes representan legítimamente a sus municipios sean objeto de exclusión, desconfianza y bloqueo por parte de instancias gubernamentales que deberían privilegiar el diálogo y la coordinación.
Los ediles advirtieron además que los municipios de ambas regiones comparten una misma crisis social y de seguridad, por lo que rechazaron cualquier intento de división política o debilitamiento institucional entre autoridades municipales que enfrentan problemáticas comunes derivadas de la violencia.
Preocupación del centro Minerva Bello
La decisión de nueve alcaldes fue cuestionada Centro de Derechos Humanos de Víctimas de la Violencia “Minerva Bello”, porque “abandonar los espacios de coordinación y diálogo no puede convertirse en la respuesta ante una realidad que exige mayores esfuerzos y compromisos colectivos”.
Los alcaldes que anunciaron que abandonaban la Mesa Regional de Construcción de Paz, son: Micaela Manzano Martínez, de José Joaquín de Herrera; Khalia Areli Ramos Decena, de Zitlala; Ángel Aguilar Romero, de Acatepec; Alberto Michi Campos, de Tixtla, y David Astudillo Morales, de Quechultenango.
Asimismo, Pedro Ojeda Reyes, de Ahuacuotzingo; Gerardo Mosso López, de Mochitlán; Jesús Vázquez García, de Mártir de Cuilapan, y Guillermo Matías Barrón, de Atlixtac.
El Centro “Minerva Bello”, cuyo director es el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, emitió un comunicado en donde cuestionaron la decisión de los nueve alcaldes: “expresamos nuestra preocupación por la decisión de retirarse y no continuar participando en las Mesas de Construcción de Paz”, citan.
Señalaron que como organismo civil de defensa de los derechos humanos entienden “el cansancio, la frustración y la exigencia legítima de resultados eficaces frente a la crisis de violencia e inseguridad que enfrentan nuestras comunidades. También compartimos la preocupación por la insuficiencia de respuestas institucionales y por la urgencia de acciones concretas”.
Pero considera que esa decisión no es la correcta, “sin embargo, abandonar los espacios de coordinación y diálogo no puede convertirse en la respuesta ante una realidad que exige mayores esfuerzos y compromisos colectivos”.
Sostiene que esas Mesas “no pertenecen a una autoridad ni a un nivel de gobierno; son un instrumento para coordinar esfuerzos y construir rutas de atención frente a una crisis que afecta diariamente a nuestros pueblos. Debilitar estos espacios significa reducir las posibilidades de interlocución y dejar a las comunidades con menos herramientas para exigir soluciones”.
Reconoce CDHEG la Mesa de Coordinación
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), presidida por Cecilia Narciso Gaytán, hizo un llamado a los presidentes municipales a mantener su participación en la Mesa para la Construcción de la Paz, luego de que los alcaldes anunciaran públicamente su retiro de ese órgano de gobierno.
La CDHEG subrayó que la Mesa para la Construcción de la Paz representa un espacio de diálogo institucional integrado por autoridades de los 3 órdenes de gobierno, y consideró que dicho mecanismo es fundamental para generar condiciones de estabilidad, seguridad y convivencia pacífica en las regiones afectadas por la violencia.
El organismo enfatizó que la participación de los municipios es indispensable debido a que las autoridades municipales son el vínculo inmediato con las comunidades y, por lo tanto, su colaboración resulta determinante para avanzar en la construcción de la paz en Guerrero.
Por ello hizo un llamado respetuoso a las autoridades municipales, estatales y federales para continuar trabajando de manera coordinada y fortalecer las acciones institucionales orientadas a recuperar la seguridad y la gobernabilidad en la región Centro y Montaña Baja del estado.