La ex presidenta del TSJ en el 2014, ya en CEFERESO
Se le vincula a desaparición forzada y delitos contra administración de justicia
Las imágenes afuera de Ciudad Judicial de Iguala, sin utilidad, siempre repitió
Destrucción de videos, con la anuencia de Ángel Aguirre y Peña Nieto: activista
Chilpancingo, Gro., Mayo 14´2025. R. Agustín Esteban/IRZA.- Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a la magistrada en retiro Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Poder Judicial de Guerrero a quien se responsabiliza de la destrucción de videos captados la noche del 26 de septiembre de 2014, en la salida sur de Iguala de la Independencia, cuando fueron atacados y desaparecidos 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
Alrededor de las 08:30 horas de este miércoles, elementos de la Comisión Nacional contra el Secuestro (CONASE) llegaron hasta la colonia Ruffo Figueroa, todavía en el primer cuadro de la capital, para implementar un operativo en torno al domicilio de la magistrada en retiro.
Galeana Marín fue presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en septiembre de 2014 y se atribuye la destrucción de los videos captados por las cámaras de vigilancia que tiene el Palacio de Justicia de Iguala, los que durante más de diez años han sido exigidos por los padres de los 43, sus abogados y las organizaciones sociales que los acompañan.
El operativo fue comentado en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz que se desarrolla todas las mañanas, en donde las corporaciones de los tres niveles de gobierno intercambian información y toman decisiones.
Se confirmó que la ex presidenta del Poder Judicial de Guerrero se encuentra detenida a consecuencia de las decisiones que tomó en el contexto de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Las cámaras de video del Palacio de Justicia habrían captado, de acuerdo con representantes y abogados del colectivo Nos Faltan 43, el momento en que policías preventivos de Iguala y presuntos sicarios del cártel de Guerreros Unidos interceptaban un autobús de pasajeros con estudiantes de la normal de Ayotzinapa cuando intentaban escapar de la embestida armada.
El hecho fue avalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), institución que asegura, los normalistas fueron trasladados hacia el municipio de Huitzuco, donde serían presentados ante un líder criminal al que los delincuentes se referían como El Patrón.
En su momento, la magistrada en retiro había declarado que las imágenes grabadas en las cámaras de vigilancia no tenían mucha utilidad, pues sólo habían captado manchas borrosas.
Durante los diez años que han trascurrido de los hechos, los padres de los 43 han solicitado a diferentes presidentes del TSJ que entreguen a la FGR dichos videos, pues consideran que son claves para esclarecer la ubicación de un grupo importante de los normalistas desaparecidos.
Se maneja la versión de que ya existe una lista de ex colaboradores de la administración gubernamental de Ángel Aguirre Rivero, quien se separó de la titularidad del Ejecutivo local el 26 de octubre de 2014, un mes después de ocurridos los hechos.
Un CEFERESO, el destino de Lambertina
De acuerdo a un reporte emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la magistrada en retiro fue trasladada a la sede de la Policía Ministerial Federal, donde se realizó su certificación médica para posteriormente ingresarla a un CEFERESO.
Por medio de un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana los elementos federales “cumplimentaron una orden de aprehensión contra Lambertina “N”, por los delitos de desaparición forzada de personas y delitos cometidos contra la administración de justicia por servidor público, en Guerrero”.
Agregó que “se realizó un despliegue operativo y se intervino el inmueble, donde fue detenida Lambertina N, exfuncionaria pública vinculada a los eventos ocurridos en Ayotzinapa en 2014. A la mujer se le informó el motivo de su detención, sus derechos de ley y fue puesta a disposición de la autoridad que la requiere, quien dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación jurídica. Resultado de las líneas de investigación se tuvo conocimiento que esta persona está relacionada con la desaparición de las grabaciones de cámaras de video colocadas en las instalaciones del Palacio de Justicia de Iguala, Guerrero, donde ocurrieron los hechos en septiembre de 2014”.
De acuerdo con la familia de Galeana Marín, su detención deriva de una nueva orden de aprehensión solicitada por la FGR por desaparición forzada por los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
A Lambertina Galeana se le acusa de delitos de desaparición forzada de personas y delitos cometidos contra la administración de justicia.
De acuerdo con la familia de Galeana Marín, los agentes federales rompieron una puerta y una ventana cuando ingresaron en su casa para detenerla.
Señalan “anuencia” de Aguirre y Peña Nieto
El sobreviviente de la masacre de El Charco, Efrén Cortés Chávez, sostuvo que Galeana Marín no pudo ordenar la destrucción de los videos captados en el Palacio de Justicia de Iguala sin la anuencia del entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero.
La tarde del miércoles, el también ex integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) colocó en sus redes sociales una publicación acompañada de la fotografía de la magistrada en retiro.
Aseguró: “La detención de Lambertina Galeana, quien fuera presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero, demuestra que fue el Estado quien cometió la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa”.
Agregó: “Por eso destruyeron los videos de pruebas”, en relación a las imágenes que fueron captadas por las cámaras del Palacio de Justicia.
Luego planteó una acusación: “Esta acción no se podría dar sin la anuencia del (entonces) gobernador Ángel Aguirre Rivero y del presidente Enrique Peña Nieto”.
Horas antes, el profesor Felipe de la Cruz Sandoval, quien fuera el primer vocero oficial del colectivo Nos Faltan 43, había señalado que dicha acción realizada por la FGR reaviva la posibilidad de que se llegue a la verdad de los hechos, pues es importante saber quién dio la orden de destruir dichas evidencias y la identidad de los responsables al más alto nivel.