Desde el año 2000, registro de 31 crímenes
“La situación continúa siendo motivo de profunda preocupación”
“Investigar (casos) nunca ha constituido prioridad institucional”
Ciudad de México, Agosto 04´2026. Agencia Reforma.- Veracruz se mantiene como la entidad más peligrosa para el ejercicio del periodismo en México al acumular 31 asesinatos de comunicadores desde el año 2000, de acuerdo con el informe «Prohibido Investigar» de la organización Propuesta Cívica.
En el evento, realizado este día en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, integrantes de dicha organización y de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunciaron que la violencia contra la prensa responde a un patrón sostenido de impunidad.
Maia Campbell, representante adjunta de la ONU-DH, precisó que entre 2016 y 2026 el organismo contabilizó 15 asesinatos de periodistas en la entidad. Tan solo en lo que va de 2026 documentaron los crímenes de Carlos Castro, Roxana Guzmán y Luis Ángel López.
«Lamentablemente, hemos observado que la situación en Veracruz continúa siendo motivo de profunda preocupación», declaró Campbell durante su intervención.
El documento señala que el periodo más sangriento ocurrió durante la gestión del ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa (PRI), de 2010 a 2016. En esos seis años ocurrieron un total de 18 asesinatos y tres desapariciones de trabajadores de la información, lo que equivale a un crimen cada tres meses.
Se consignó que esta violencia se consolidó por la operación de redes de macrocriminalidad integradas por autoridades, empresas y grupos del crimen organizado y se lamentó que, pese a permanecer en prisión desde 2017 por asociación delictuosa y lavado de dinero, Duarte no ha enfrentado procesos por su presunta omisión o complicidad en los ataques a la prensa.
«Asesinar periodistas en México ha sido posible porque investigar los crímenes nunca ha constituido una prioridad institucional», afirmó Sara Lidia Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica.
La investigación revisó tres expedientes judiciales que agrupan a ocho víctimas de homicidio entre 2011 y 2012. Entre los casos figuran los ataques contra Miguel Ángel López Velasco, Yolanda Ordaz de la Cruz y Gabriel Huge Córdoba.
Al realizar un análisis, Omar Gómez Trejo, ex Fiscal del caso Ayotzinapa, identificó 14 fallas idénticas en la integración de cada investigación. Explicó que los expedientes muestran que las autoridades detuvieron las pesquisas al señalar a los autores materiales del crimen organizado, pero omitieron la línea de investigación sobre la participación de agentes estatales.
«Y después de ahí, no se mueve más, no se investiga más, no va hacia las autoridades del Estado. El mensaje es claro: no vamos a investigar más allá de donde nosotros creemos que tiene que hacerse, para de ahí cerrarse el caso y dejar claro a los periodistas que, si tú cruzas ese umbral, lo que te ganas es una campaña de desprestigio y una criminalización», expuso.
«La violencia contra la prensa es reflejo del deterioro democrático», añadió Gómez Trejo durante el panel de exposición.
Las organizaciones indicaron que el 98 por ciento de los asesinatos contra comunicadores en el país permanece en la impunidad y en el 31.8 por ciento de los expedientes veracruzanos no existe ninguna persona identificada como responsable, por lo que solicitaron llevar los casos ante tribunales internacionales.