UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD

Sergio Ocampo Arista

Congelan cuentas de líder del CIPOG-EZ; desde San Luis Acatlán demandan alto a criminalización

AUTORIDADES EJIDALES Y COMUNALES DEL EJIDO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, EN LA COSTA CHICA DE GUERRERO, demandaron cesar los actos «de hostigamiento, criminalización o agresión que pueda sufrir el compañero Jesús Plácido Galindo (dirigente del Concejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (CIPOG-EZ); hacemos responsable al Estado mexicano y a los tres niveles de gobierno por su integridad, su libertad y su vida»… Mediante un comunicado dirigido al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y al Congreso Nacional Indígena, exigieron «el cese inmediato de toda forma de persecución y criminalización contra el compañero, así como el respeto pleno a su labor como defensor de los derechos humanos, de los pueblos indígenas y de nuestro territorio»… Manifestamos con claridad: «Si tocan al compañero Jesús, nos tocan a todas y todos; no permitiremos que se atente contra su vida, ni que se le fabriquen cargos, o se le criminalice injustamente. Nos mantenemos unidos en su defensa y en la defensa de nuestros territorios. Como pueblos organizados, responderemos en resistencia ante cualquier agresión, hostigamiento o intento de intimidación contra nuestras comunidades y quienes las acompañan» … Precisan que «como comunidades y autoridades comunitarias del Ejido de Buenavista, manifestamos nuestra preocupación ante las acciones de criminalización que se están dirigiendo contra el compañero Jesús Plácido Galindo, promotor del CIPOG-EZ, integrante de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena, y defensor de los derechos humanos, de los pueblos indígenas y del territorio por parte del Estado Mexicano»… El compañero «ha acompañado durante años nuestros pueblos, asambleas y luchas para exigir el cumplimiento de derechos que el Estado nos ha negado como pueblos indígenas; ha caminado junto con nuestros pueblos, en las demandas por hospitales, medicinas, ambulancias y atención médica; por maestros y escuelas dignas; por agua potable, caminos y carreteras, así como en la defensa de nuestros territorios, pueblos y usos y costumbres como pueblos indígenas, siempre desde la organización comunitaria y el respeto a nuestras formas de vida colectiva»… También «nos ha acompañado en la resolución de un conflicto agrario que se logró, un proceso que nuestras comunidades han buscado resolver durante 97 años, acompañando a nuestras autoridades agrarias en la búsqueda de una solución justa y comunitaria, y nos sigue acompañando hasta el día de hoy»… Siempre, agregan, «ha desempeñado ese trabajo con honestidad, sin buscar beneficio personal y enfrentando el abandono y discriminación que vivimos como pueblos indígenas de Guerrero»… Por ello «rechazamos cualquier intento de desprestigiarlo y criminalizarlo; al momento en que fueron bloqueadas sus cuentas bancarias, en su cuenta de BBVA, únicamente tenía un saldo de $280 (doscientos ochenta pesos mexicanos), mientras que su cuenta de Banco Azteca no contaba con recursos»… Señalamos que «existe una estrategia del gobierno para desacreditar al compañero Jesús Plácido Galindo, con el fin de justificar su criminalización e incluso posibles agresiones o atentados en su contra; para nuestra comunidad, estas acciones representan un intento de criminalización de un defensor que ha dedicado su vida entera al servicio de nuestros pueblos, lo que incrementa el riesgo para su integridad y su vida»… Finalmente vía telefónica, propuso que en todo caso la Unidad de Investigación Financiera » investigue las cuentas de la gobernadora, de los alcaldes, para que el gobierna vean en que se derrocha el gobierno del pueblo, y la corrupción que existe y mantiene en la pobreza a la mayoría de los guerrerenses»…. Plácido Galindo ha denunciado públicamente el contubernio entre el grupo delincuencial de Los Ardillos y funcionarios del gobierno estatal… En este contexto, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José Ma. Morelos y Pavón alertó «sobre la gravedad de los recientes reportes relacionados con el incremento de la violencia en comunidades de la Sierra de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente de Guerrero; ante el riesgo de desplazamiento interno»… En comunicado de prensa, se informó que de acuerdo «con denuncias realizadas por autoridades comunitarias de la región, durante los últimos días se han registrado enfrentamientos armados; cortes de caminos y bloqueos de accesos en comunidades de la Sierra de Coyuca de la Sierra de Coyuca de Catalán»… Se ha alertado «sobre la presencia de familias que permanecen en las comunidades, ante el riesgo de nuevos enfrentamientos; mientras las autoridades comunitarias han señalado la falta de una respuesta institucional oportuna; los hechos reportados deben entenderse como señales de alerta temprana, que requieren atención inmediata»… Agregan que «la experiencia documentada en México, muestra que el desplazamiento rara vez ocurre de manera repentina; suele estar precedido por amenazas, enfrentamientos, restricciones a la movilidad, bloqueos de caminos y otras manifestaciones de violencia que deterioran progresivamente las condiciones de seguridad de las comunidades»… Mencionan que “no se trata de hechos aislados ni recientes; los acontecimientos aquí señalados, reflejan dinámicas de violencia asociadas a la presencia y disputa entre grupos armados que han sido documentadas de manera recurrente en Guerrero y que en distintos casos han derivado en desplazamientos internos»… Resulta particularmente preocupante «la expansión de modalidades de violencia cada vez más complejas, incluyendo el uso de drones, mecanismos de vigilancia y acciones orientadas a restringir la movilidad y el acceso a las comunidades»…. Estas condiciones «no solo incrementan el riesgo de desplazamiento interno, sino que ya están afectando el ejercicio de derechos de las comunidades. Los bloqueos, la inseguridad y la necesidad de organizar labores de vigilancia comunitaria han alterado las actividades productivas, el acceso a servicios básicos y la movilidad cotidiana de la población, limitando el acceso a educación, servicios de salud, abastecimiento y ayuda humanitaria, particularmente en territorios con altos niveles de marginación y limitada presencia institucional»… Desde las organizaciones firmantes «exhortamos a las autoridades federales, estatales y municipales a implementar medidas urgentes de prevención y protección para las comunidades de la Sierra de Coyuca de Catalán; garantizar condiciones de seguridad para la población civil; atender de manera inmediata las denuncias realizadas por las autoridades comunitarias, quienes reportan más de quince días de vigilancia permanente para resguardar a sus familias; fortalecer los mecanismos de monitoreo y alerta temprana; asegurar el acceso de ayuda humanitaria; y establecer canales de comunicación permanentes con las comunidades para prevenir nuevos desplazamientos internos y evitar una mayor escalada de la violencia».

 

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