Vicente Bello
La Auditoría Superior de la Federación un elefante blanco
Así se posicionaron el PT y PVEM; en torno del dictamen de reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de efectividad, cooperación interinstitucional, legalidad e innovación tecnológica de fiscalización superior.
Dijo el diputado petista Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja: “Y hoy con mucho beneplácito venimos a presentar este dictamen, que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Transparencia. Una vez que se dialogó con todos los grupos parlamentarios, se vieron las observaciones, se vieron las sugerencias, las propuestas.
“Se dialogó en un ejercicio de colaboración legislativa con instancias federales, con la propia Auditoría Superior de la Federación, con la Comisión de Hacienda, que preside el diputado Carol Antonio Altamirano, y finalmente se llegó a una reforma que consideramos de gran trascendencia para el combate a la corrupción y la fiscalización.
“Lo digo sin ambages, la Auditoría Superior de la Federación para millones de mexicanos ha sido un elefante blanco, un ente que depende de esta Cámara, pero que carece de la fuerza y los dientes suficientes para perseguir la corrupción en nuestro país.
“Se convierte luego en una instancia de tramitología, pero no en una instancia que sancione, finque responsabilidades y podamos ver a partir de sus actos que aquel corrupto que afecte al erario y al país, a un estado o a un municipio, pague las consecuencias de sus actos, sea del partido o grupo político de que se trate. La corrupción es la corrupción, no hay matices ni colores.
“Y en ese sentido, como aquí lo han dicho las diputadas y el diputado que me antecedió, realmente esta propuesta permite que la Auditoría Superior de la Federación, en cualquier etapa del proceso de revisión, si advierte alguna irregularidad grave, pueda presentar directamente de oficio las denuncias a los Tribunales Administrativos.
“También empodera al ciudadano que directamente va a poder presentar denuncias por actos de corrupción. También fija plazos perentorios para que los pliegos de observaciones y las responsabilidades puedan causar estado, porque cuántos no oímos de que fulanito o tal autoridad está por la Auditoría algún pliego de observaciones y pasan meses, años y no pasa absolutamente nada. Lo más, sirve a veces para el golpeteo político o para cuestionarlo, pero hasta ahí.
“Por eso aquí estamos fijando plazos específicos. Estamos planteando también aprovechar la tecnificación para que haya también notificaciones electrónicas. Se está estableciendo un plazo de 120 días hábiles para que la Auditoría, después de todo el proceso se pronuncie y 90 días para enviar dictámenes a investigación.
“También se permite establecer multas por incumplimientos parciales u omisiones, no solo al final, para que haya también medidas de apremio por parte del ente fiscalizador. También es muy importante señalar que se establecen auditorías especializadas. No es solo un cambio semántico de auditores especiales a auditorías especializadas, lo que se busca es que efectivamente haya un profesionalismo y un trato eficaz para poder profesionalizar aún más la función.
“También se establece la posibilidad de hacer convenios entre la Auditoría y las Auditorías estatales, pero ya con reglas claras. No se está quitando la facultad del 79 Constitucional para que la Auditoría Superior de la Federación revise el gasto federal, sino que ahora se le dan mayores herramientas a través de la colaboración y coordinación.
“Nunca, subrayo, quitando el mando y la conducción de la auditoría, no la subordinación de los entes estatales, pero sí la supervisión y mando en el hecho específico de las auditorías. Por todo esto, consideramos que es una reforma que va a permitir el combate eficaz a la corrupción.
“También reconocemos que el auditor nombrado por este pleno, Aureliano Hernández, su primer acto fue reunirnos a las Comisiones de Transparencia y a la de Vigilancia para plantearnos estos retos, pero fuimos los legisladores de todos los partidos y la totalidad de los integrantes de la comisión quienes suscribimos esta iniciativa. Es un buen antecedente legislativo”.
Apuntaló lo dicho por el petista el diputado del PVEM Javier Octavio Herrera Borunda, quien dijo: “Retomando las palabras de los que nos antecedieron en el uso de la voz, me queda claro que la reforma o el paquete de reformas que estamos prontos a votar es de gran calado y es importante decirlo. Es resultado de un diálogo constante, amplio en las últimas semanas.
“Como pueden ver los proponentes de la iniciativa, todos somos miembros de diferentes partidos políticos, de todos los partidos políticos que conformamos la Cámara de Diputados.
“Y que pudimos lograr entender que en combate a la corrupción no debe haber sesgos políticos, que debemos actuar decididamente y resolver nuestros problemas, más aún cuando es la facultad constitucional exclusiva de los diputados vigilar y fiscalizar el gasto.
“Es decir, nosotros tenemos que cuidar el dinero que aportan los mexicanos. Y para eso tenemos un brazo técnico que es la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano que sí, en gestión es autónomo, pero que nos responde a nosotros, aquí a las diputadas y diputados del Congreso de la Unión para rendir cuenta a los ciudadanos.
“Entendiendo que la piedra angular de nuestro sistema de fiscalización radica en la autonomía técnica y de gestión que tiene la institución, es por eso que lograr un acuerdo amplio y de todos hace que esa autonomía le dé valor a los funcionarios que están en la Auditoría Superior. Eso en sí ya es un logro”. Seguían.