Vicente Bello
Insiste el PRI en la Ley Aduanera
La Ley Aduanera es una de las más polémicas de la actual Legislatura. Hoy mismo se le airea en el Senado, para su próximo dictamen. En San Lázaro, hace unos días, así provocaba el trenzamiento entre el PRI y Morena:
Emilio Suárez Licona, diputado priísta, decía: “Hablamos de un esquema de saqueo que permitió la entrada de cientos de buques tanques con gasolina y diésel sin pago de impuestos. En marzo pasado se decomisaron 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas, almacenados en 192 contenedores y 23 tractocamiones. No fue un hecho aislado, la Auditoría Superior de la Federación documentó desde 2019 y emitió recomendaciones y no pasó nada.
“Durante seis años, la autoridad permitió el uso de RFC genéricos, la declaración de mercancías con claves alteradas y el subregistro de productos para evadir impuestos, todo bajo la mirada y complicidad de funcionarios de alto nivel de la Marina, el SAT y de las propias aduanas.
“El resultado, un desfalco histórico, más de 600 mil millones de pesos eludidos por concepto de IVA e IEPS, un robo a la nación equivalente a la mitad del presupuesto educativo para 2026 o al 60 % del gasto en salud pública.
“¿Cuántos hospitales, escuelas o medicinas pudieron financiarse con ese dinero que hoy alimenta las redes de corrupción y contrabando? Frente a esa realidad, el gobierno presenta una reforma que, lejos de corregir las fallas que permitieron este saqueo, agrava los problemas del sistema aduanero, poniendo en riesgo la competitividad del país.
“El proyecto eleva las multas hasta en un 300 % del valor de la mercancía, violentando el principio de proporcionalidad. Trata a los agentes aduanales como servidores públicos sin serlo, impone cargas desproporcionadas a pequeñas y medianas empresas y establece efectos retroactivos al someter patentes y autorizaciones previas a los nuevos términos del decreto.
“A ello se suma la ausencia de plazos razonables para la implementación y el hecho de que no se toque el tema de la militarización aduanera que ha demostrado ser un fracaso rotundo.
“Con las aduanas bajo el control castrense ni se detuvo el contrabando ni se frenó la corrupción. Esta reforma castiga a quienes cumplen y deja intactos a quienes delinquen. Las Pymes que buscan internacionalizarse serán marginadas del comercio global, mientras los verdaderos responsables del saqueo seguirán impunes.
“No se combate la corrupción con leyes punitivas, sino con instituciones profesionales, controles transparentes y responsabilidad administrativa efectiva y nada de eso está presente en esta reforma”.
Siguió la diputada de Morena Leticia Farfán Vázquez: “Durante años nuestras aduanas han sido el punto de encuentro entre el comercio legítimo y las prácticas que buscan evadir la ley. Frente a este desafío, México necesita una legislación moderna, capaz de cerrar los espacios a la evasión y al contrabando. Y de colocar al país a la altura de los estándares internacionales de comercio y fiscalización.
“El objetivo es claro: modernizar y fortalecer nuestras leyes aduaneras para que exportadores, importadores y agentes aduanales trabajen con mayor agilidad, confianza y reglas claras que den certidumbre a cada operación.
“No se trata solo de actualizar procedimientos, se trata de incrementar la competitividad del país, proteger la recaudación federal y combatir la evasión y la elusión fiscal que tanto daño han causado al erario y a la industria nacional.
“El dictamen plantea cambios de fondo que buscan modernizar y hacer más eficiente el sistema aduanero del país. Cabe destacar que para la elaboración de este dictamen se escuchó a todos los sectores involucrados, autoridades, representantes del sector privado, agentes aduanales y especialistas en comercio exterior.
“Esta apertura al diálogo permitió construir una propuesta equilibrada, que responde tanto a las necesidades de la autoridad como a las preocupaciones de quienes operan día a día en las aduanas.
“Entre los principales avances destaca la creación del Consejo Aduanero, encabezado por la Secretaría de Hacienda e integrado por el Servicio de Administración Tributaria, así como la Agencia Nacional de Aduanas de México y la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Este órgano será responsable de autorizar, prorrogar o cancelar patentes y permisos, garantizando que las decisiones se tomen con transparencia y rendición de cuentas.
“También se reconoce de manera explícita a la Agencia Nacional de Aduanas de México y al Servicio de Administración Tributaria como autoridades aduaneras.
“La reforma establece, además, una certificación obligatoria para los agentes aduanales cada tres años, acompañada de la obligación de presentar su declaración patrimonial y de la prohibición de vínculos familiares con administradores aduaneros, con el fin de asegurar la probidad y profesionalismo del gremio. Las patentes aduaneras tendrán una vigencia de 20 años, con posibilidad de prórroga según su desempeño. Y se eliminan de esta manera las excluyentes de responsabilidad, de modo que los agentes y sus socios asuman plenamente sus obligaciones fiscales.
“Por otro lado, se fortalece el régimen de mensajería y paquetería, que deberá calcular sus contribuciones con base en factores determinados por la Secretaría de Hacienda, y se establece el uso obligatorio del certificado y comprobante digital por Internet, con complemento carta porte para todas las mercancías extranjeras. Esto permitirá darle seguimiento y control en tiempo real.
“Finalmente, se prevén sanciones más severas contra el contrabando, la subevaluación, el retiro indebido de mercancía, cerrando espacios a la evasión sin obstaculizar las operaciones legítimas del comercio exterior. En conjunto, estas medidas fortalecen la capacidad del Estado para vigilar, prevenir y sancionar prácticas indebidas”.
El debate continuará esta semana en el Senado.