Documenta CNDH agravios en casos de desaparición
Sin nombrarlo, el organismo señala a ministerial asesinado en 2021
Ciudad de México, Diciembre 03´2025. (IRZA).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero y a la presidencia municipal de Iguala, al confirmar violaciones graves a los derechos humanos de dos mujeres víctimas de detención arbitraria y desaparición forzada, hechos cometidos por personas servidoras públicas de ambas instituciones.
La recomendación 200/Q/VG/2025, emitida este miércoles, resguarda la identidad de una de las víctimas; sin embargo, corresponde al caso de Ivette Melissa Flores Román, quien permanece desaparecida desde el 24 de octubre de 2012. Ese día, un grupo de hombres armados ingresó a un domicilio en Iguala y se llevó por la fuerza a Ivette Melissa, entonces de 19 años, así como a otra joven cuya identidad permanece bajo reserva. Esta última fue liberada días después.
Como responsable directo de los hechos, la CNDH señala -sin mencionarlo por nombre en el documento- al entonces comandante regional de la Policía Ministerial en Iguala, Humberto Velázquez Delgado, alias “El Guacho”, asesinado en junio de 2021 y previamente investigado por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El expediente detalla que Ivette Melissa mantuvo una relación con un hijo de Velázquez Delgado, quien habría intervenido en la irrupción armada. Según la investigación, el exmando mandó permitir la privación de la libertad de la joven, conocía el destino que tuvo tras ser llevada a una casa de seguridad junto con otras mujeres y “reconoció haberla entregado a un integrante del grupo delincuencial al que pertenecía, al cual reconocía como su jefe”.
La CNDH también identificó la participación de un policía municipal de Iguala en la desaparición forzada de la joven, aunque su identidad no fue revelada.
En la recomendación, el organismo nacional instó a la FGE y al Ayuntamiento de Iguala a actualizar el registro de víctimas y gestionar la reparación integral del daño, con apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Estatal de Víctimas. Además, pidió garantizar atención médica, psicológica y psiquiátrica a las víctimas; colaborar con las investigaciones aún abiertas sobre la desaparición de Ivette Melissa; impartir cursos de derechos humanos y perspectiva de género, con énfasis en obligaciones relacionadas con la investigación de desaparición forzada, vínculos con delincuencia organizada y uso del Protocolo Homologado de Búsqueda; y gestionar apoyos y programas sociales para las personas afectadas.
La CNDH estableció que, en un plazo máximo de seis meses, ambas instituciones deberán realizar un acto público de disculpa dirigido a los familiares de las víctimas, con reconocimiento de los hechos y aceptación de responsabilidades por las violaciones graves a los derechos humanos, la libertad, la integridad personal y la seguridad jurídica.
Asimismo, recomendó que, con autorización y opinión de los familiares, se coloque una placa conmemorativa en un sitio visible del municipio de Iguala, en la que se deje constancia de que la desaparición fue cometida por servidores públicos, como forma de reparación simbólica y medida de memoria para prevenir hechos similares.
Finalmente, la CNDH subrayó la necesidad urgente de que el Estado mexicano garantice la protección de Sandra Luz Román Jaimes, madre de Ivette Melissa, así como de otras seis víctimas vinculadas al caso.