Gobernador propone figura de “identidad reservada”
Estrategia nacional inhibirá llamadas en centros penitenciarios
Ciudad de México, Diciembre 11´2025. Agencia Reforma.- La protección de víctimas y denunciantes de extorsión debe ampliarse para evitar represalias del crimen organizado y garantizar sentencias condenatorias, plantearon Gobernadores de Morena durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Al intervenir a nombre de los mandatarios estatales de ese partido, el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, respaldó la reforma federal que permite perseguir de oficio la extorsión, pero advirtió que es insuficiente si no se fortalecen los mecanismos de protección a quienes denuncian.
«Es necesario ampliar e implementar la figura de identidad reservada de las víctimas y los denunciantes», afirmó.
Ramírez Bedolla sostuvo que, en la práctica, la revelación anticipada de la identidad de víctimas, denunciantes o testigos ha derivado en homicidios, secuestros y desapariciones, además de que ha provocado la pérdida de pruebas clave en los juicios.
«La existencia y operación de organizaciones delincuenciales ha influido para que personas con calidad de víctimas, denunciantes o testigos se abstengan de declarar, o habiéndolo hecho, no comparezcan ante los jueces a sostener lo que saben», señaló.
El Gobernador explicó que, aunque la legislación permite actos de investigación con testigos protegidos, el Código Nacional de Procedimientos Penales limita la reserva de identidad hasta etapas previas al juicio, lo que deja expuestas a las personas protegidas.
«Actualmente, el anonimato es inviable que persista más allá de la formulación de la acusación, lo que ha dejado abierta la posibilidad de que estos riesgos se concreten y eviten que se produzca la prueba», dijo.
Ante ello, propuso reformar el artículo 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que la identidad reservada pueda mantenerse hasta el desahogo de la prueba, previa autorización judicial.
«Es importante revisar y ampliar la figura de identidad reservada hasta el momento del desahogo de la prueba, con el objetivo de lograr cero impunidad y obtener sentencias condenatorias en el delito de extorsión», sostuvo.
El planteamiento fue presentado en el marco de la aprobación del Acuerdo Nacional contra la Extorsión, que incluye la homologación del tipo penal en los estados y el compromiso de instalar sistemas de inhibición de llamadas en centros penitenciarios en un plazo de 180 días.