“El destino de los procesos judiciales es incierto”
Ciudad de México, Septiembre 27´2026. (IRZA).- En el marco del 12 aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo “a preservar los avances logrados en las investigaciones y a acelerar y profundizar las acciones” para esclarecer el paradero de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, en septiembre del 2014.
En un comunicado, lamentó que haya narrativas que pretenden exonerar a las fuerzas armadas de su responsabilidad en el caso, y señaló que a pesar que en este período se “han realizado aportes técnicos relevantes en las investigaciones, los estudiantes de Ayotzinapa continúan desaparecidos.
“Los hechos no han sido esclarecidos y el destino de los procesos judiciales es incierto”, indicó, y a criterio de la CIDH, fue el esfuerzo colectivo que permitió, en su momento, logros irrefutables en la reconstrucción de los hechos y la identificación de irregularidades en la investigación, combatiendo narrativas negacionistas dirigidas a entorpecer el proceso de verdad y justicia, y una eventual reparación”.
Consideró que el GIEI “desempeñó un papel determinante en el desmontaje de la denominada ‘verdad histórica’, al demostrar científicamente la inviabilidad de la hipótesis según la cual los cuerpos habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, y al establecer que se habían implantado pruebas en el río San Juan.
Y agregó que, en su última etapa, el GIEI tuvo acceso a videos que mostraban que la Secretaría de Marina había documentado las diligencias realizadas por la Procuraduría General de la República en el basurero de Cocula, poniendo en evidencia su conocimiento respecto de las anomalías en la investigación”.
La CIDH manifiesta su “preocupación por el resurgimiento de narrativas que cuestionan o minimizan la participación de las fuerzas militares en los hechos. La determinación de las responsabilidades debe corresponder exclusivamente a las autoridades estatales encargadas de investigar los hechos y sancionar a los responsables, con base en las pruebas disponibles, y conforme a la Constitución y la Convención Americana”.
Y, en este caso, “dicha función corresponde a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, órgano especializado responsable de conducir y liderar la judicialización del caso”, añade.
Plantea que haya líneas de investigación que “abarquen la cadena de mando político, la participación de órganos de seguridad del Estado y la actuación de agentes de procuración de justicia. En este sentido, resulta relevante la recomendación de profundizar investigación sobre la participación de agentes de las fuerzas militares y policiales apuntando a la reconstrucción de sus posibles vínculos con los grupos criminales que operaban en Guerrero en la época de los hechos, en todos los niveles de la cadena de mando”.