Una grave crisis de vulnerabilidad se cierne sobre ciudadanía, dentro y fuera de oficinas, por supuesto sobre el personal de la Fiscalía General del Estado –FGE-, sobre todo en Acapulco en recientes fechas, pero pareciera que no hay poder humano que haga que el fiscal, Zipacná Jesús Torres Ojeda, salga del letargo en el que parece encontrarse y, por eso mismo, salga públicamente a hablarle a la opinión pública, por supuesto al personal que encabeza, para al menos externar una postura institucional, ya ni decir personal, ante la clara, constante, hasta ahora impune afrenta por parte de una criminalidad que sigue haciendo lo que quiere en Acapulco, no sólo en las calles afectando a la población civil, sino contra trabajadoras y trabajadores de esa instancia de procuración de justicia.
Hasta ahora, pareciera que no hay más ideas ni estrategia más que ofrecer sumas de dinero, a manera de recompensa, a quien o quienes aporten datos que lleven a la captura de quien o quienes han estado atentando contra sedes de la Policía Ministerial y de Ministerio Público desde la noche del domingo, por cierto en medio de un silencio institucional porque desde entonces, y después de la serie de ataques hasta la noche del martes, tampoco se ha especificado a la opinión pública cuál ha sido el saldo real y oficial, cuántos lesionados y hasta decesos ha habido tras esas muestras, se reitera, de afrenta de criminales armados, hasta la noche de este miércoles todavía sin identificar y menos sin ser aprehendidos.
En medio de la generalizada crítica, hasta burla, de una ciudadanía que se pronuncia por eficientes investigaciones y mejor protección a las sedes de la FGE, en vez de anunciar sólo el ofrecimiento de dinero a manera de recompensa –esta vez un millón de pesos- después de que ya ha pasado lo peor, es hora también de evidenciar el actual silencio de las y los integrantes de la actual Legislatura guerrerense, diputadas y diputados que sólo esporádicamente hablan de la situación de violencia y atentados, sólo cuando se los pregunta la prensa, pero la mayor parte del tiempo evitan abordar en la tribuna o en comisiones este tema que sigue siendo altamente sensible para la población, no sólo de Acapulco o del estado, sino de todo el país, aunque en el caso de los ataques a la Fiscalía en el puerto queda demostrado que no hay mayor reacción ante el primer golpe dado, en medio –se reitera- del silencio de quien debería de encabezar los esfuerzos para contener -dentro de lo que cabe porque no se sabe cuándo habrá otro brote violento como con los ataques a balazos a oficinas- las acciones criminales.
Desde este espacio se ha insistido en que permea la vulnerabilidad en mucho personal de la Fiscalía de Guerrero, no tanto en las y los mandos que hasta guaruras tienen, como tampoco en ese personal todavía protegido que fue exhibido bebiendo alcohol en vía pública, usando una camioneta oficial en Chilpancingo –se sabe que todavía en sus respectivos puestos y hasta utilizando a la fecha unidades que antes desviaron para uso particular-, sino en trabajadoras y trabajadores operativos y administrativos; personal –se sabe- todavía mal pagado, que sigue siendo menos hasta por la fuga de profesionales que se ha acentuado; un personal de primera línea en el trabajo sin embargo vulnerado cada vez que va a trabajar, no solamente en Acapulco sino en prácticamente toda la entidad, aunque en el puerto la situación es más dramática y riesgosa entre el silencio de Zipacná Torres, de diputados y en general de quienes deben garantizar seguridad.