Lo mejor, primero para la seguridad nacional, después para despejar dudas ante informaciones recientemente divulgadas, es que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo continúe dando fuertes golpes quirúrgicos a la criminalidad en todas sus versiones y alcances: en trata de personas, tráfico y compra-venta de drogas, robo de combustible, huachicol fiscal, extorsión, atracos carreteros, por supuesto en el secuestro y/o acaparamiento de áreas de gobierno, ahora motivo de más violencia que ha causado ataques y asesinatos de mayor impacto, al tratarse las víctimas de representantes de áreas de gestión pública.
Porque es innegable: la administración de la primera presidenta de México ha recalibrado la estrategia en el combate y el acotamiento financiero a actividades de crimen organizado como las arriba referidas; claramente la presidenta Sheinbaum, junto a su secretario de todas sus confianzas, Omar García Harfuch, han priorizado las detenciones y decomisos de alto nivel que han significado desmantelamiento de grupos delictivos, pero sobre todo pérdida de millones de pesos obtenidos de forma ilegal. Las acciones han sido constantes y eso no debe pasarse por alto ante acontecimientos por supuesto imprevistos, trágicos, que causan reclamo y enojo social, como en su momento el crimen de Alejandro Arcos, presidente municipal de Chilpancingo asesinado en funciones constitucionales, como el sábado con el asesinato del también alcalde en funciones en Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, un lamentable acontecimiento que pinta a la perfección hacia dónde se está yendo el país: no hacia la polarización -que ya estaba sobre todo desde el 2018, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador-, sino directo a la inédita división ideológica que sigue profundizándose cada vez más y en polos totalmente opuestos, por ello irreconciliables.
Uno tiene que ver con el abierto respaldo a la propuesta de que el presidente Donald Trump avale –tal como está trascendiendo en estas horas- el arribo de equipo tecnológico y hasta cuerpos de especialistas militares en territorio nacional para acceder a zonas del país para, así se ha dicho, hasta neutralizar a líderes del narcotráfico, una versión –dada a conocer primero mediáticamente, no oficialmente, en Estados Unidos- que lamentablemente ha contado con el apoyo de ciertos sectores mexicanos, parte social que ha ahondado la confrontación con ‘los de enfrente’, el sector oficialista que también, que no se olvide, con tal de defender a la presidenta y al proyecto de Cuarta Transformación ha llegado no sólo a criminalizar a las y los gobernantes víctimas de delitos, sino hasta a burlarse abiertamente, sobre todo desde las redes sociales.
Ya lo debe tener bastante en claro, a estas alturas, la administración histórica de la primer presidenta de México: ante una ciudadanía más dividida, incluso más cuestionadora a la propia mandataria, que ahora hasta alza la voz apoyando una eventual invasión estadounidense hasta militar –un precedente gravísimo que ‘suena’ ya en el país del norte-, hay que esclarecer rápida, convincente y legalmente plena los actos violentos, como los asesinatos –sean o no de alto impacto-, así como actos delictivos que impactan a la población, antes de que el país atraviese una riesgosa línea que cada vez, por desgracia, se advierte más cercana; las protestas y reclamos donde sea están dando cuenta de ello.