De a poco, con la intervención de corporaciones e instituciones civiles del gobierno del estado y la Federación, habitantes mayoritariamente nahuahablantes de comunidades de La Montaña Baja de la entidad están retornando a sus viviendas y, con ello, también poco a poco, a su cotidianidad, perdida hace meses sobre todo –porque se trata de un tema social que lleva unos diez años- por las disputas de grupos delincuenciales que, ha trascendido, están en disputa de territorios para seguir controlando, aunque en el camino se han encontrado también con intereses tanto de otros grupos, previamente asentados que han visto peligrar sus actividades, como de terceros, autodenominados gestores y líderes comunitarios que bajo las siglas de organizaciones sociales también han sido parte de la generación de esta ola, se reitera que de hace años, de desplazamiento forzado, de desapariciones, de asesinatos, emboscadas, ejecuciones y masacres.
En el marco de esta conjunción de esfuerzos constitucionales para que las y los habitantes de pueblos como Tula, Acahuehuetlán, Alcozacán y Xicotlán estén acabando de regresar a sus casas y lugares de origen sobre todo desde este fin de semana, llama especialmente la atención la declaración de representantes de esta última comunidad, Xicotlán, donde se ha confirmado un deslinde de las organizaciones con fuerte presencia en La Montaña Baja y parte de la zona Centro, Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata –CIPOG-EZ- y Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores –CRAC-PF-, ésta por cierto no reconocida dentro del sistema CRAC que abarca zonas sobre todo de la Costa Chica, cuyos liderazgos estuvieron denunciando la incursión del grupo criminal regional Los Ardillos, para ello, además, lanzándose en contra de autoridades constitucionales, a las que han señalado de presunta complicidad y proteccionismo; al final, como se sabe, a la par de estos retornos ciudadanos, continúan las acciones de desmantelamiento de grupos del crimen organizado, incluido el mencionado líneas arriba; las autoridades señaladas –incluso hasta la propia titular de Gobernación federal- continúan trabajando en sus respectivas áreas, y hasta se dio la aprehensión del, tal vez, máximo dirigente de ambas organizaciones denunciantes, Jesús Plácido Galindo ya bajo procesos penal mientras la zonas donde operaba –se reitera- empiezan a normalizarse, con acompañamiento, acciones, estrategias, programas y servicios del estado y la Federación, como se ha informado desde hace días hasta este fin de semana, donde ha sido positivo advertir presencia policial y federal entre las mujeres nahuahablantes acompañadas a regresas a sus lugares de origen cuyos habitantes se vieron inmiscuidos en un problema de tipo armado que por supuesto nunca quisieron y que hasta desconocían.
Por supuesto Jesús Plácido no es ni fue la única cabeza instigadora de la violencia en esa zona del estado; al ser un conflicto donde han intervenido supuestas organizaciones sociales, así como confirmados grupos delictivos, se espera que haya –además de la actual intervención de tipo asistencialista social- continuación de labores de inteligencia y coordinación entre instituciones para que se den más detenciones de quienes ahí seguirán acechando, esperando a que se relaje la presencia institucional, para volver a accionar utilizando la incertidumbre y temor de la población local, para reiniciar otro posible periodo de muerte y desolación.