El abogado es secretario de Estudio y Cuenta de la Presidencia
Emitió posicionamiento político sobre Salvador Rangel y Jesús Plácido, dicen
Como “no puede asumir papel de activista” piden que se investigue su actuar
Recuerdan: FGE debe investigar de oficio acusación de secuestro al religioso
Chilpancingo, Gro., Julio 30´2026. Marcial Campuzano.- El exdiputado local Evencio Romero Sotelo demandó la destitución de Vidulfo Rosales Sierra como secretario de Estudio y Cuenta de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al acusarlo de utilizar un cargo de alta responsabilidad para emitir posicionamientos políticos en torno al conflicto entre el obispo emérito de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, y el dirigente indígena Jesús Plácido Galindo.
En entrevista, el exlegislador sostuvo que las declaraciones públicas realizadas por Rosales Sierra constituyen una violación a los principios de imparcialidad, independencia y neutralidad que deben observar los funcionarios judiciales, por lo que pidió la intervención inmediata del Tribunal de Disciplina Judicial para investigar su actuación.
Romero Sotelo afirmó que un secretario de Estudio y Cuenta, encargado de elaborar proyectos de sentencia para el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, no puede asumir el papel de activista ni intervenir públicamente en asuntos con evidente contenido político, ya que ello compromete la credibilidad del máximo tribunal del país.
«El Tribunal de Disciplina Judicial debe llamarlo a cuentas y la sanción debe ser la destitución», expresó Evencio Romero, al considerar que Vidulfo Rosales Sierra contaminó la función jurisdiccional con intereses ajenos a la impartición de justicia y quebrantó la conducta que exige el Poder Judicial de la Federación.
Añadió que las declaraciones del funcionario, difundidas públicamente y en redes sociales, constituyen elementos suficientes para que el órgano disciplinario abra una investigación y determine si incurrió en responsabilidades administrativas por su desempeño.
El exdiputado también cuestionó las declaraciones del obispo emérito Salvador Rangel Mendoza, quien acusó a Jesús Plácido Galindo de pertenecer a un grupo criminal, de generar violencia en la región de La Montaña y de haberlo retenido contra su voluntad junto con un grupo de religiosas, sin presentar pruebas públicas que sustenten esos señalamientos.
En ese contexto señaló que, si el obispo denunció haber sido víctima de un secuestro, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero está obligada a iniciar de oficio una carpeta de investigación, al tratarse de un delito que se persigue sin necesidad de querella, además de citar a declarar al prelado para integrar las diligencias.
La controversia se intensificó luego de que Rosales Sierra respondiera públicamente a las declaraciones del obispo mediante una publicación en Facebook, en la que lo acusó de mantener una presunta cercanía con un grupo delictivo y de intentar desacreditar a Plácido Galindo, dirigente del Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).
Rosales Sierra aseguró que existen testimonios sobre reuniones entre Salvador Rangel y el líder de una organización criminal, además de señalar que el obispo ha defendido durante años el diálogo con grupos delictivos como estrategia para disminuir la violencia. Asimismo, sostuvo que el proceso penal contra Jesús Plácido está sustentado en pruebas presuntamente fabricadas y afirmó que esa situación será demostrada durante el juicio.
Para Evencio Romero, la conducta de Vidulfo Rosales sienta un precedente negativo para la Suprema Corte, al proyectar la imagen de que un funcionario responsable de elaborar resoluciones judiciales puede emitir posicionamientos políticos sobre asuntos que eventualmente podrían tener implicaciones legales. Por ello insistió en que el Tribunal de Disciplina Judicial debe actuar de inmediato y separar del cargo al servidor público para preservar la imparcialidad y la confianza en la justicia federal.