Exigen $300 obligatorios en la “Vicente Guerrero”

Quien no dé el dinero, exhibida en grupos de WhatsApp

Hoy, plazo de pago impuesto por dirección y Asociación de Padres de la primaria

Chilpancingo, Gro., Noviembre 16´2026. (IRZA).- La dirección y la Asociación de Padres de Familia de la primaria “General Vicente Guerrero”, turno matutino, acordaron una cuota de “cooperación” obligatoria de 300 pesos por familia para trabajos y mantenimiento del plantel. La minuta de asamblea, fechada el 5 de noviembre, establece como plazo de pago este martes 17 de noviembre y plantea medidas contra quienes no cubran la aportación.

Una madre de familia denunció que por el grupo de WhatsApp del grupo donde estudia su hijo les hicieron llegar el presunto documento de la minuta que señala que los padres y madres que no paguen serán citados “de manera obligatoria” a jornadas de trabajo en la escuela, tantas veces como se considere necesario.

También, si no entregan el dinero, acuerda publicar sus nombres en los grupos oficiales de WhatsApp de cada salón.

La minuta aparece firmada por Artemisa Martínez Vencess, identificada como representante de la Asociación de Padres de Familia, y por el director, el profesor Luis Enrique Ramírez Morales. La medida convierte una aportación presentada como cooperación en un cobro con fecha límite y consecuencias para quienes no la entreguen.

La madre de familia dijo que el documento se los hicieron llegar con el siguiente mensaje: “Buenas tardes a todos, nos pide la sra. Artemisa presidenta del APF, recordarles que mañana es el último día para dar la cooperación de los $300, agradeciendo de antemano su cooperación” (sic).

Sin embargo, la educación que imparte el Estado es gratuita. La Ley General de Educación establece que las aportaciones de madres y padres son voluntarias y prohíbe condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, las evaluaciones o la entrega de documentos al pago de una cuota. La Ley de Educación de Guerrero contiene disposiciones equivalentes. Por ello, los 300 pesos no pueden exigirse como condición para que los alumnos reciban el servicio educativo.

La advertencia de imponer trabajo obligatorio también es cuestionable: el artículo 5 constitucional señala que nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo las excepciones establecidas por la propia Constitución. Una asamblea escolar no puede convertir por sí sola esas jornadas en una obligación legal para las familias.

La publicación de los nombres de quienes no paguen puede exponerlos ante la comunidad escolar y plantea un riesgo para su privacidad y la protección de sus datos personales. La ley federal establece que el tratamiento de datos personales debe ser legítimo, controlado e informado.

La exigencia ocurre mientras sigue vigente en 2026 el programa federal La Escuela es Nuestra. Al 10 de noviembre, el gobierno federal reportó más de 23 mil millones de pesos entregados a más de 73 mil comunidades escolares. En educación básica, los recursos pueden destinarse, mediante el Comité Escolar de Administración Participativa, a rehabilitar o ampliar el plantel, adquirir equipamiento y ofrecer horario extendido o servicio de alimentación.

La dirección escolar y la asociación de padres deberían aclarar si el plantel no ha sido beneficiado con este programa de La Escuela es Nuestra, qué necesidades cubriría la cooperación y cómo se rendirán cuentas sobre el dinero reunido.

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