Anuncia ASE auditoría de “cumplimiento forense”
A fiscalización, los ramos 28 de libre disposición y 33 de obra pública
Chilpancingo, Gro., Febrero 09´2026. (IRZA).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisará con lupa la solventación de los fondos federales que ejerció en 2025 el gobierno de Acapulco que preside la morenista Abelina López Rodríguez.
De manera inédita, el órgano federal de fiscalización determinó aplicar una auditoría de “cumplimiento forense” a todos los contratos y convenios ejercidos por López Rodríguez durante el año pasado, y que implique la aplicación de recurso federal.
Con el mismo criterio -auditoría forense- la ASF revisará las erogaciones financieras con recursos del gasto federalizado del ejercicio fiscal 2025; es decir, todos los fondos federales, incluidos los ramos 28 de libre disposición y 33 de obra pública.
La dictada auditoría, enlistada con el número 939, fue consignada en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2025, publicado el pasado 6 de febrero en el Diario Oficial de la Federación.
La gestión de López Rodríguez, cabe recordar, ha sido cuestionada por la presunta no comprobación o solventación de más de 898 millones de pesos que ejerció en 2023 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.
Para evitar la revisión del fondo por parte de la Auditoría Superior del Estado, la edil de Morena recurrió a una suspensión provisional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concedida en junio del 2025 y ratificada en enero de este año.
De acuerdo con la ASF, una auditoría forense implica la revisión minuciosa del total del recurso ejercido por un ente público, como la que le realizará al gobierno de Abelina López del presupuesto federalizado que ejerció en 2025.
Ese tipo de auditoría se realiza mediante una técnica especializada que combina conocimientos de contabilidad, derecho y habilidades de investigación para examinar registros financieros y procesos internos con el fin de detectar fraudes, robos o actos irregulares.
“A diferencia de una auditoría contable tradicional, su objetivo principal no es solo verificar estados financieros, sino recolectar evidencias sólidas que puedan ser utilizadas como pruebas en procesos legales o tribunales”, indican documentos consultados.
Conlleva, además, una revisión rigurosa y pormenorizada de hechos y transacciones para documentar irregularidades, y los hallazgos se exponen de forma técnica y legal para “ayudar a los jueces a determinar responsabilidades”.
Además de ayudar a descubrir delitos – lavado de dinero y activos, corrupción, cohecho y enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos y manipulación de registros contables, fraude corporativo y conflictos de interés-, evalúa sistemas de control para evitar futuros fraudes.
En tanto, la Auditoría Superior del Estado (ASE) programó tres auditorías al gobierno de López Rodríguez: la 2025-C-CGF-01-001-2026 de gestión financiera, la 2025-C-CIF-01-002-2026 de inversiones físicas y la 2025-D-D-01-011-2026 de programas.