Incumple a comunidades afectadas por huracán Erick
Acusan al delegado de racismo, discriminación institucional y abandono
Autoridades indígenas y afromexicanas vendrán a protestar el miércoles
Chilpancingo, Gro., Noviembre 25´2025. (IRZA).- Autoridades indígenas y afromexicanas de San Luis Acatlán y Marquelia, municipios de la Costa Chica, exigieron la destitución del delegado federal de la Secretaría de Bienestar, Iván Hernández Díaz, por el incumplimiento a las comunidades afectadas por el huracán Erick.
A través de un documento público, informaron que el 3 de diciembre se movilizarán e instalarán un plantón indefinido en las oficinas de la Secretaría de Bienestar, en esta ciudad capital.
Acusaron al delegado federal Iván Hernández Díaz de racismo, discriminación institucional y abandono a las comunidades afectadas por el huracán Erick.
Denunciaron que esta acción surge luego de tres meses de incumplimientos por parte del funcionario federal, quien ha ignorado los acuerdos firmados con la Secretaría de Bienestar y la Presidencia de la República.
En el comunicado difundido este martes, recordaron que el 19 de julio el funcionario se comprometió a entregar láminas para la reparación de viviendas y para el techado del preescolar de Jicamaltepec (El Mango), en san Luis Acatlán, sin embargo, no cumplió.
Indican que ante esta situación las autoridades se manifestaron, el pasado 23 de agosto, durante la gira de Claudia Sheinbaum en Agua Zarca, y ahí la presidenta firmó una minuta de acuerdos que ratificaba la entrega inmediata del apoyo.
Explicaron que tres días después de este compromiso, se reunieron con el delegado en Guerrero, Iván Hernández, en las instalaciones del Instituto Tecnológico de San Marcos, y ahí prometió que el material llegaría en un plazo máximo de una semana, pero a tres meses no ha llegado nada.
Mencionaron que la techumbre escolar sigue destruida y ninguna de las familias damnificadas recibió las láminas que les prometieron.
Denunciaron también que funcionarios de esa dependencia utilizan a las comunidades indígenas y afromexicanas con fines propagandísticos, dejando a familias completas viviendo a la intemperie.
Consideraron que estas prácticas violan los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución, que garantizan el derecho a la no discriminación, la protección de los pueblos originarios y el acceso a la educación.