Otra semana extenuante, estresante, de incertidumbre y hasta de temor, vivió una población siempre a expensas de los humores, los “incumplimientos”, las infaltables exigencias, las actitudes permisivas, de quienes se han mantenido albergados para supuestamente estudiar –todo con cargo al presupuesto público- en la normal rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, en Tixtla, de donde siguen saliendo –sin ni una clase de contención o presencia de funcionarios para dialogar y negociar soluciones que eviten marcha- para llegar sobre todo a Chilpancingo a hacer prácticamente lo que han querido; eso sí, debidamente en el anonimato que da ‘la bola’, sin siquiera demostrar el valor civil de mostrarse tal cual, dando el rostro, ¿Qué no están para defender las causas sociales y la educación pública popular?, están supuestamente movilizándose por cosas buenas que en teoría debe aplaudir la población, ¿Por qué continuar actuando en las calles, en las vialidades y en oficinas de gobierno como pandilleros encapuchados, al más puro estilo de delincuencia organizada, de paso afectado horas laborales y tiempo de ciudadanía que tenga que transportarse o ir a hacer trámites?
Sea por plazas exigidas sin pasar por procesos institucionales de concurso, o haya sido para exigir dinero para organizarse sus francachelas anuales con pretexto del aniversario de la escuela cada vez más desacreditada, la Secretaría de Educación Guerrero –SEG- debe esclarecerle a la opinión pública las reales causas de las recientes movilizaciones de los normalistas; históricamente se ha tratado con secretismo todo lo relacionado con las negociaciones supuestamente educativas, pero sobre todo “políticas”, que han amarrado tras bambalinas autoridades y líderes de la normal rural, pero ahora, en que los supuestos estudiantes encapuchados se han ensañado de nueva cuenta con acciones delincuenciales a lo largo de esta semana –sobre todo con la peligrosísima irrupción a oficinas educativas usando una camioneta como ariete, para ingresar y realizar enésimos y habituales destrozos de equipo y mobiliario-, toca también a los servidores públicos, que se les han acercado, dejarle en claro a las y los guerrerenses qué tanto les han estado exigiendo en estos días de exigencias, por cierto tampoco especificadas por los jóvenes en sus acciones en la capital.
También, por cierto, a la opinión pública se le debe informar si hubo, hay o habrá acciones penales en base a denuncias ante la Fiscalía General del Estado -FGE- por los recientes destrozos a recurso público, o por el robo de camioneta oficial este jueves, durante la enésima movilización de los embozados, que han hecho del Parador del Marqués su punto de presión a las autoridades pero incurriendo en lo que mejor saben hacer, que no es estudiar sino ‘secuestrar’ a automovilistas, a fuereños y residentes, las y los principales afectados por la toma de vías carreteras y la pérdida de tiempo, es decir, lo de siempre en las protestas de los normalistas de Ayotzinapa, pero la situación ya debe cambiar –es además exigencia de una ciudadanía vulnerada y más enojada con ambas partes-: la ciudadanía ya no puede más seguir a expensas de lo que hagan esos estudiantes mantenidos con dinero público, haciendo lo que quieren, presionando a autoridades que doblan a la primera, que acaban cumpliéndoles sus exigencias y todavía ‘bajo la mesa’, a espaldas totalmente de una ciudadanía cansada, que exige que se les aplique ya la ley a esos valientes en bola, falsos estudiantes.