Antes, Sheinbaum pidió iniciar auditorías en el Instituto
Hay elementos e indicios sobre irregularidades en contrataciones
Este viernes, Guadalupe Taddei acudió a la sede de Gobernación
Ciudad de México, Octubre 23´2026. (SIM).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo demandó la realización de auditorías exhaustivas al interior del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de las revelaciones sobre presuntos esquemas de corrupción y conflictos de interés en contrataciones públicas de la institución.
Taddei fue citada este viernes a la Secretaría de Gobernación (Segob), en medio del escándalo con uno de los proveedores del órgano electoral.
Fuentes extraoficiales indican que antes del mediodía, la titular del INE ingresó a la sede de la Segob, en la colonia Juárez, de la Ciudad de México, para un encuentro privado con la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez. Ninguna de las dependencias confirmó esta versión.
Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó textualmente que no debe haber ninguna sombra de corrupción en el organismo electoral ni en ninguna parte del país, al tiempo que diferenció su postura de las movilizaciones pasadas que defendían intereses particulares, refiriéndose a la marea rosa.
Las declaraciones presidenciales sucedieron a la respuesta pública de la consejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala, quien ya negó en dos ocasiones actos de corrupción, aunque se ha negado a responder preguntas puntuales sobre contratos, presuntos conflictos de intereses y vínculos con contratistas.
La titular del órgano electoral aseguró que solicitará formalmente a la Auditoría Superior de la Federación una nueva revisión de los procesos de licitación, con el objetivo de brindar certidumbre sobre el ejercicio de los recursos públicos.
Taddei Zavala sostuvo que las personas señaladas en las investigaciones periodísticas ya no forman parte de la nómina institucional, y detalló que los expedientes de sus declaraciones patrimoniales fueron turnados al Órgano Interno de Control.
La funcionaria rechazó de manera categórica que Jonathan Navarrete Torres haya sido su conductor personal, pese a encontrarse adscrito a la presidencia del instituto, y argumentó que su traslado diario está a cargo de un asistente especializado.
La controversia se originó a partir de publicaciones del diario Reforma, que documentan la designación de Jesús Octavio García González como director de Administración del instituto en septiembre de 2025, después de haber fungido como representante legal de Corporativo Zeg para obtener un contrato de casi 200 millones de pesos en materiales para la elección judicial.
García González renunció a su cargo administrativo en abril de 2026, tras ser denunciado formalmente por conflicto de interés y abuso de funciones ante el Órgano Interno de Control del propio organismo.
Asimismo, documentos oficiales revelaron que Jonathan Navarrete Torres cobró un salario mensual de 45 mil 765 pesos como chofer con plaza de jefe de departamento, mientras ostentaba un poder notarial para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg que omitió en su manifestación de bienes.
Personal administrativo y elementos de seguridad del órgano electoral aseguraron que Navarrete Torres no asiste a laborar a las oficinas centrales, situación por la cual el secretario ejecutivo, Roberto Félix, solicitó un informe a las áreas correspondientes.
Investigaciones periodísticas documentaron que las labores de transporte y la preparación de alimentos de Taddei Zavala son ejecutadas por Luis Alberto Bustamante Canizales, quien percibe cerca de 70 mil pesos mensuales como líder de proyecto.
Acuse de recibo en la ASF
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio respecto al presunto uso indebido de recursos públicos en el Instituto Nacional Electoral, en organismos locales y en empresas proveedoras involucradas.
El órgano fiscalizador informó en un boletín que ya cuenta con elementos e indicios sobre irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de fondos públicos.
La institución federal precisó que utilizará sus nuevas facultades legales para desahogar las indagatorias con absoluta independencia, objetividad y rigor técnico. El procedimiento fiscalizador abarcará tanto a funcionarios del organismo como a las personas servidoras públicas y compañías privadas que participaron en los procesos de adjudicación.
La presidenta Sheinbaum respaldó la realización de auditorías profundas al advertir que no debe tolerarse ninguna sombra de corrupción en el Instituto Nacional Electoral ni en ningún espacio del país.