Por eso, asegura, “sacrificó el caso Ayotzinapa”
“No tengo compromisos con nadie”, les dijo el presidente en agosto
Ciudad de México, Septiembre 25´2024. Agencia Reforma.- Mandos del Ejército Mexicano presionaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador para frenar la investigación que iba dirigida hacia esta institución por su responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, aseguró el abogado de los padres y madres de los estudiantes Vidulfo Rosales Sierra.
Estas presiones, dijo, ocurrieron en septiembre de 2022, luego de que el Fiscal Alejandro Gertz Manero y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia el caso Ayotzinapa (Covaj) dieran a conocer el 18 de agosto de ese año, frente al Mandatario federal, la lista de 180 personas con orden de aprehensión por la desaparición de los 43 jóvenes.
En ese registro estaban los nombres de jefes militares, ex funcionarios federales y estatales, ex policías federales y estatales así como de los municipios de Iguala, Taxco, Huitzuco y Tepecuacuilco; también integrantes del grupo criminal de «Guerreros Unidos».
«Adelante, yo no tengo compromisos con nadie y pronto se les dará noticias», dijo López Obrador en un reunión en agosto con los padres y madres de los normalistas, lo que se entendió como una instrucción para que se ejecutaran las órdenes de aprehensión, recordó el abogado.
El 19 de agosto de 2022 fue detenido el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, por los delitos de tortura y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa.
«Cuando nos enteramos de la detención de (Jesús) Murillo Karam, pensamos que en verdad sí se estaba avanzando y que ya se había dado un gran paso para encontrar la verdad», señaló en entrevista.
Según Rosales, en la reunión de de agosto estuvieron el ex subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y el ex Fiscal del caso Omar Gómez Trejo, así como los padres y madres de los 43 jóvenes.
Insistió en que las presiones hacia el Presidente comenzaron cuando oficialmente -18 de agosto- se da a conocer la participación de altos mandos militares en el caso Ayotzinapa.
«Tenemos conocimiento de que en esos días, del 10 al 20 de septiembre de 2022, hubo un debate muy fuerte al interior del Gobierno; había voces de que se tenía que actuar en darle para adelante con las órdenes de aprehensión (a mandos del Ejército), pero había otro sector que no quiso porque iba a traer complicaciones con el Ejército Mexicano», aseguró Rosales Sierra.
De acuerdo con la versión del abogado, los altos mandos del Ejército amenazaron al Presidente López Obrador con dejarle tiradas las obras del Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y abandonar las tareas de seguridad en el país.
«El Presidente cedió ante las presiones del Ejército y sacrificó el caso Ayotzinapa, y ahora resulta que nos acusa de haber inventado historias y nos denosta al igual que a los organismos de derechos humanos que hemos dado acompañamiento a los padres y madres de los jóvenes desaparecidos», sostuvo.
Parte de las presiones que hizo el Ejército, según el abogado, fue la renuncia del fiscal del caso, Omar Gómez Trejo, quien se fue del país por amenazas.
Mando implicado
Uno de los mandos militares que estaba en la lista de 180 implicados con orden de aprehensión, indicó Vidulfo Rosales, es el ex comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, Rafael Hernández Nieto, quien presuntamente tenía una relación con el grupo criminal de «Guerreros Unidos» y a quien le cancelaron la orden judicial.
Pero en 2023, por presiones de los familiares de los 43 jóvenes, se reactivó la orden de aprehensión contra el hoy General retirado, quien sólo estuvo un mes en prisión y enfrenta su proceso en prisión domiciliaria.
Otros 14 militares fueron detenidos el año pasado y la mayoría enfrenta proceso penal en su domicilio, criticó.
Uno de los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) señala que este grupo de 14 militares patrulló las calles de Iguala la noche del 26 y que varios de ellos llegaron a la clínica privada «Cristina» cuando más de 20 normalistas sobrevivientes de los ataques armados solicitaban ayuda para uno de sus compañeros herido de bala.
Los soldados, que llegaron a la clínica cortando cartucho en vez de auxiliar a los estudiantes, los insultaron, dice el informe del GIEI.
«Rafael Hernández (el ex comandante del 41 Batallón) es mencionado en los mensajes de texto intercambiados con integrantes de Guerreros Unidos durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa», externó Rosales.
«Él (Rafael Hernández) aparece como el responsable del operativo de la agresión en contra de los estudiantes y además él era el responsable de las labores de inteligencia en Iguala».
Después de que el GIEI y la Comisión del Caso Ayotzinapa concluyeron que el Ejército tuvo participación en los hechos de Iguala, los padres y madres están seguros que un grupo de normalistas fue llevado a las instalaciones del 27 Batallón, en donde los asesinaron y cremaron.
Esta hipótesis de que el Ejército tuvo participación directa en los hechos de Iguala ha provocado que cada mes de septiembre, de 2014 a la fecha, los normalistas de Ayotzinapa y los padres de los 43 realicen protestas en las instalaciones del 27 Batallón en Iguala y en la 35 Zona Militar de Chilpancingo.