Tren Parlamentario

Vicente Bello
La pormenorización de la reforma electoral, y la vileza de los gringos

En la mañanera de ayer, el Ejecutivo Federal pormenorizó la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. Lo hizo en medio de una tempestad desatada por el gobierno de los Estados Unidos, que sigue de insidioso, calumniador, como el hijo de puta que históricamente siempre ha sido, con el decir que Andrés Manuel López Obrador habría recibido dinero de manos del crimen organizado. Y lo filtraba a través de aquel “pasquín inmundo” de cabezal “the new york times”, que afirma que AMLO lo hizo no en 2006 sino en 2018.

En medio de todos esos truenos, inducidos, provocados por un gobierno gringo que insiste en asumirse como un imperio trasnochado que pretende a huevo, a ultranza determinar que México no sea más que su comparsa, su patio trasero de siempre y que en caso de rebelarse es capaz de echar mano de mentiras y presionar hasta rayar en los golpes de Estado, el gobierno de México pormenorizó la reforma constitucional en materia electoral, a través de la titular de Gobernación, María Alcalde, quien dijo:

“Hay en México 33 órganos electorales en el país, cuyo presupuesto conjunto es de 49 mil 838 millones de pesos para 2024. En tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibe un presupuesto de 3 mil 622 millones de pesos. Los partidos políticos nacionales recibirán 10 mil 444 millones de pesos este año, y los partidos locales 8 mil 390 millones. En total, 18 mil 834 millones. El financiamiento público para las elecciones de 2024 será de 72 mil 294 millones de pesos”.

Alcalde hizo hincapié en la duplicidad de funciones entre el INE y los organismos electorales locales, así como entre el Tribunal electoral y los Tribunales Locales. ¿Qué propone el Ejecutivo, con relación a la duplicidad de marras?

Dijo Alcalde: “De entrada reducir a la mitad el financiamiento ordinario y de campaña a los partidos políticos y eliminar el financiamiento para actividades partidistas específicas, lo que generará ahorros superiores a los 32 mil millones de pesos de 2025 a 2030”.

La titular de Gobernación siguió: “Se creará el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), mismo que sustituirá al INE y absorberá las funciones de los 32 Organismos Públicos Locales (OPLES). Y propone también reducir el número de consejeros electorales, de 11 a nueve integrantes. Y que el período de sus respectivos encargos, no sean de nueve años, sino de seis.

“Se plantea en dicha reforma que el Tribunal Electoral absorba los 32 Tribunales Electorales locales del país.  Y que se reduzca el periodo de los magistrados electorales de nueve a seis años sin posibilidad de reelección.

“Y otra propuesta: Serían electos a nivel nacional por el voto directo de la ciudadanía. Y que ya no sean elegidos por las cúpulas de los partidos, lo que ha trastocado la democracia. Ahora, en cambio, se propone que sea democracia directa, que sea la ciudadanía la que elija a consejeros y magistrados”.

Continúa María Alcalde: “Importantísimo: eliminar a diputados y senadores plurinominales. Se propone eliminar a los 200 diputados federales plurinominales y a los 64 senadores plurinominales, surgidos todos estos de las famosas listas de los partidos políticos. El Congreso quedaría entonces con 300 diputados federales y 64 senadores, todos electos por el principio de mayoría relativa, en los distritos y estados que representen. Esto garantizará arraigo, legitimidad y, por supuesto, rendición de cuentas.

“Lo mismo en las entidades federativas: se propone eliminar los 459 diputados locales plurinominales. “Los estados con menos de un millón de habitantes tendrán hasta 15 diputados locales, mismos que podrán irse incrementando en uno por cada 500 mil habitantes. ¿Qué sucede en algunas entidades federativas? Aunque son pocos habitantes y son pequeñas, hay muchísimos diputados. La idea es uniformar y reducir.

“Y se reduce el número de regidores y concejales. Sólo habrá una sindicatura por ayuntamiento.  Y hasta nueve regidores y concejales, en función del número de habitantes.

“Y finalmente este pilar fundamental de la reforma, que es garantizar la democracia directa. Actualmente la ley contiene una serie de obstáculos para las consultas populares y para la revocación del mandato, que no la hace efectiva, vinculante, obligatoria.  ¿Cuáles son las barreras que hoy tenemos?

“Uno: No se pueden realizar el mismo día de las elecciones ordinarias, lo que genera una baja participación. “Dos: Se requiere la participación de al menos el 40 por ciento del padrón electoral; es decir, 40 millones de votos.

“Tren: Está prohibido que los temas electorales y las obras de infraestructura puedan consultarse. Se excluyó también la reforma energética y se ha venido excluyendo una serie de temas que la ley prohíbe ser consultadas.

“Además tenemos la restricción para la creación de nuevos partidos políticos. Hoy la ley establece que nada más se puede hacer cada seis años.

“Proponemos reducir de 40 a 30 por ciento el porcentaje de participación que se requiera para estas consultas sean vinculantes. Las consultas se realizarán el mismo día de las elecciones ordinarias para que haya mayor participación, cada tres años en el caso de las consultas y cada elección intermedia en el caso de la revocación del mandato.

“Se permite que los temas electorales y las obras de infraestructura puedan ser consultados.

Y se incluyó que las organizaciones ciudadanas podrán registrarse como partidos políticos cada tres años antes del proceso electoral y no cada seis años después de las elecciones, como sucede actualmente. “Esta es la reforma electoral que habrá de discutirse en el Congreso”.

Comentarios cerrados.