Tren Parlamentario

Vicente Bello
Al PRI, PAN, PRD y PMC: se vale llorar…

En total fueron 20 iniciativas de reformas constitucionales entregadas por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión. Aquí seguía el histórico presidente Andrés Manuel López Obrador:

“Dos. Reafirmar el derecho a la pensión de los adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto, año con año. Y lo mismo para personas con discapacidad, quienes recibirán de carácter universal.

“Tres. Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad.

“Cuatro. Garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos.

“Cinco. Que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas.

“Seis. Prohibir el maltrato a los animales.

“Siete. Proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y de extracción de hidrocarburos mediante el fracking. No otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto.

“Ocho.  Hacer respetar las zonas con escasez de agua y sólo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico.

“Nueve. Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y hacer lo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de las llamadas factureras.

“Diez. No permitir bajo ninguna circunstancia que el aumento del salario mínimo sea menor a la inflación anual.

“Once. El salario mínimo para maestras y maestros de educación básica de tiempo completo, así como de policías, guardias nacionales, enfermeras, médicos, marinos, soldados, no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al Seguro Social.

“Doce. Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997, como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón, porque afectan injustamente a trabajadores del Seguro Social y del ISSSTE, pues les impiden jubilarse con el 100 por ciento de su salario. Para reparar ese daño a los trabajadores, en general, desde el 1 de mayo de 2024, se va a crear un fondo semilla de 64 mil 619 millones de pesos, que se irá incrementando, poco a poco, al mismo tiempo que se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal.

“Trece. Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. En el caso de los jóvenes, cuando no estén estudiando ni tengan oportunidad de conseguir un empleo, el Estado debe contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año, mientras se forman o capacitan en tiendas, talleres, empresas o en cualquier actividad productiva del campo o la ciudad, tal como opera actualmente el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

“Catorce. Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras, sembrando árboles frutales y maderables, contarán con un jornal seguro, justo y permanente, como sucede con el programa Sembrando Vida.  Los campesinos y pescadores seguirán recibiendo el apoyo directo del programa Producción para el Bienestar. Se mantendrán precios de garantía para la compraventa de alimentos básicos y se continuará entregando fertilizante gratuito a todos los pequeños productores del país.

“Quince. Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga. El Estado estará obligado a garantizar  el derecho del pueblo a los servicios de Internet, ya sea con una empresa pública o a través de concesiones a compañías particulares. En la reforma constitucional que proponemos, y que hoy entregaremos  (5 de febrero), se le devolverá a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional. Criterio que le quitaron durante el periodo neoliberal con el propósito de favorecer la privatización de la industria eléctrica.

“Dieciséis. La nueva iniciativa de reforma electoral que presentaremos al Congreso, contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos. La disminución del número de regidores en gobiernos municipales. El que se evite el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales. El Congreso de la Unión se integrará con 300 diputados y no con 500, y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores, como ocurre ahora. Asimismo, tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales, serán electos por el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos. Se fortalecerá la democracia participativa con la reducción del 40 al 30 por ciento de participantes de consultas populares, para hacerlas válidas, efectivas y vinculatorias. Esto mismo aplicará en el caso de la revocación del mandato.

“Diecisiete. De igual forma, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores, serán electos de manera directa por el pueblo.

“Dieciocho.  Para evitar que la Guardia Nacional se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal, se propone que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Diecinueve. Convertir en política de Estado la austeridad republicana. Se volverá a redactar con mayor claridad y contundencia en el artículo 127 de la Constitución el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba legalmente el presidente de la República.

“Veinte. Eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas supuestamente autónomos. Sí. Autónomos… del pueblo. No de la oligarquía, creados durante el periodo neoliberal con el único propósito de proteger negocios particulares en contra del interés público”.

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